El fiscal general recurre a una excusa formal para negar al Senado el informe sobre la amnistía

De este modo, el único órgano de la Fiscalía que, en parte, es elegido democráticamente por la carrera fiscal no se pronunciará sobre una de las leyes más trascendentes que se debaten desde la Transición.

Con ese argumento referido a la forma de tramitación parlamentaria de la ley, el responsable del Ministerio Público ha decidido no atender la petición de la Cámara Alta de disponer del criterio jurídico del Consejo Fiscal sobre la eliminación de todas las responsabilidades derivadas del proceso independentista catalán.

[Bolaños arropa a García Ortiz en la toma de posesión para un mandato marcado por la amnistía]

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece como competencia del Consejo Fiscal "informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal".

La proposición de ley de amnistía otorga relevantes funciones al fiscal en la aplicación de la norma. A los fiscales competerá, por ejemplo, instar la aplicación de la amnistía si el órgano judicial no actúa de oficio. También deberán ser oídos en cada uno de los procedimientos afectados por la ley, que diseña un procedimiento en el que la intervención del Ministerio Público en cada paso es esencial.

García Ortiz ha demorado hasta hoy la respuesta al Senado, que el pasado 7 de diciembre le hizo llegar un acuerdo de la Mesa recabando la colaboración del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial para que los senadores puedan contar con sus opiniones sobre la ley de amnistía. El órgano de gobierno del Poder Judicial sí está preparando ya su informe.

García Ortiz, que ayer tomó posesión como fiscal general tras ser confirmado por el Gobierno para un nuevo mandato, explicó que el hecho de estar en funciones aconsejaba retrasar la respuesta hasta volver a ser titular del cargo.

La falta de contestación del fiscal general al escrito cursado hace más de un mes llevó al presidente del Senado, Pedro Rollán, a dirigirse de nuevo el pasado martes a García Ortiz para volverle a solicitar que "tenga en cuenta la petición" de la Cámara Alta "y podamos contar con el mencionado informe lo antes posible y, en cualquier caso, con la suficiente antelación para que los parlamentarios puedan conformar la debida opinión sobre el tema en el ejercicio de sus funciones".

La tardanza en contestar a Senado motivó ayer la protesta de la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en el Consejo Fiscal, y del vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La AF y la APIF tienen siete de los 12 puestos del Consejo Fiscal, por lo que hubieran podido imponer un informe crítico la ley de amnistía. Ambas asociaciones se han manifestado en contra del borrado de los delitos y las penas a los responsables del 'procés'.

Pero, pese a estar en minoría, el fiscal general conserva la llave que abre y cierra lo que puede o no tratar el Consejo Fiscal al ser el único que puede elaborar el orden del día.

"Invadir competencias"

En una extensa carta al presidente del Senado, el fiscal general argumenta que el Consejo Fiscal no tiene semejanza alguna con el Consejo General del Poder Judicial y señala que la cooperación con la Cámara en este caso concreto porque un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución" a "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones".

Ello es así porque, "de entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse”.

El fiscal general asegura que su intención es la de no extralimitar sus funciones legales, aun con la mejor voluntad de colaboración interinstitucional, “pues por encima de ella está el efectivo cumplimiento de las Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución”.