El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sitúa a Carles Puigdemont detrás del plan de Tsunami Democràtic para "desestabilizar al Estado" y ha acordado la prórroga de la causa judicial seis meses más.
Así lo establece en un auto fechado este lunes, en el que sostiene, además, que el plan último de la plataforma independentista que da nombre a esta causa judicial era el de subvertir el orden constitucional.
"Del resultado de las investigaciones practicadas, se infiere, indiciariamente, que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", valora el juez.
[El juez que investiga la trama rusa del 'procés' insiste en los nexos de Puigdemont con el Kremlin]
Además, indica que la plataforma estaría "dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
En el llamado caso Tsunami Democràtic, el expresidente catalán Carles Puigdemont está investigado por un presunto delito de terrorismo, ya que tanto García-Castellón como la Guardia Civil le ubican detrás de esta organización independentista, que, entre otros disturbios, convocó a miles de radicales para asaltar el Aeropuerto de El Prat como respuesta a la sentencia del procés.
El juez instructor del 'caso Tsunami', Manuel García-Castellón.
Tal y como expone el juez en este último auto, "resulta llamativo" que la organización independentista Òmnium Cultural "informase directamente a Puigdemont" del lanzamiento de Tsunami Democràtic, que se produjo el 28 de agosto de 2019, "pudiendo considerar, en base a la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación [Òmnium] como el señor Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización [Tsunami Democràtic], extremos que deberán esclarecerse en la investigación".
Este último auto del juez se conoce a menos de 24 horas de que el Congreso de los Diputados apruebe la Ley de Amnistía, que los independentistas exigen que beneficie al expresidente catalán. Para ello, aún tratan de que la futura norma sea aplicable a esta causa —es decir, que amnistíe el terrorismo a la medida de Puigdemont— y que también evite que el político fugado pueda ser investigado por traición en el caso Volhov, que versa sobre los nexos del procés con el Kremlin. Precisamente, una resolución del magistrado que instruye esta causa, Joaquín Aguirre, así lo sugiere.
La Fiscalía se opone
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, se opone a las tesis de Manuel García-Castellón y sostiene que los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic, lejos de constituir un delito de terrorismo, deberían ser calificados como desórdenes públicos. Precisamente, el Ministerio Público niega que la plataforma estuviese jerarquizada y organizada, como sí sostiene el instructor de la causa.
Además de a Puigdemont, el pasado 6 de noviembre García-Castellón imputó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, también se opone que sea citada como investigada por un supuesto delito de terrorismo. Un reciente informe de la Guardia Civil, incluido en el sumario del caso, constata que Rovira conocía el plan de Tsunami Democràtic para colapsar El Prat. De hecho, felicitó a otros miembros de la cúpula de la plataforma por el éxito de la convocatoria.
El colapso del Aeropuerto de El Prat en otoño de 2019, por parte de Tsunami.
Por el momento, el Tribunal Supremo aún debe decidir si asume la investigación de esta causa, ya que afecta a dos aforados (Puigdemont es diputado en el Parlamento Europeo y también está siendo investigado Rubén Wagensberg, miembro del Parlament). Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —el tribunal jerárquicamente superior al Juzgado del que es titular García-Castellón— aún debe resolver el recurso que interpuso la Fiscalía contra la imputación de Puigdemont, Rovira y otros diez investigados. En este listado también se encuentra Josep Lluís Alay, exjefe de gabinete del expresident catalán.
Asimismo, Manuel García-Castellón solicitó colaboración a las autoridades de Suiza, ya que en ese país es en el que reside Marta Rovira, desde que huyó de la Justicia española. El juez quiere saber cuál es el domicilio actual de la política.
Este lunes, el instructor vuelve a insistir en su tesis: que los informes remitidos por los Mossos d'Esquadra "permiten inferir elementos relevantes en orden a la tipificación [de las acciones cometidas por Tsunami] como delito de terrorismo" y, por ende, atribuible a los investigados, entre los que se encuentra Puigdemont.
A juicio del juez, las lesiones causadas a varios policías que hicieron frente a las acciones de Tsunami, la "extrema la violencia y gravedad" del asalto a El Prat, la "grave afectación del orden público que supuso lo que allí aconteció y el empleo de "armas e instrumentos peligrosos capaces de provocar las heridas mencionadas" permiten calificar los hechos como "desórdenes públicos de naturaleza terrorista, objetivamente imputables a los miembros de la organización que permitió el resultado expuesto".