Un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este martes en el juicio a la excúpula de la UGT de Andalucía que el sindicato pagaba sobresueldos a sus cargos y viajes al Caribe con fondos públicos de la Junta.
Las subvenciones, que el juez instructor cifra en más de 40 millones de euros, tenían que haber sido destinadas a impartir cursos de formación a desempleados y trabajadores.
En concreto, el agente se ha referido a un viaje del ex secretario general Manuel Pastrana a Costa Rica y de otro cargo a Dublín, financiados a través de Soralpe, una sociedad instrumental de UGT Andalucía cuyo ingresos procedían de estos fondos.
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En el banquillo se han sentado por segundo día consecutivo el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil.
También otras diez personas que actuaron como proveedores a través de las empresas que representaban. Pastrana, en concreto, no ha llegado a sentarse por enfermedad.
El citado agente ha constatado que parte de esos 40 millones se empleó en el abono de "anticipos y pagos mensuales" a distintos cargos del sindicato.
La línea de investigación que condujo a este asunto nació precisamente durante las pesquisas correspondientes al caso ERE, marco en el que los agentes detectaron "posibles irregularidades o fraude" respecto a fondos públicos asignados a UGT-A para labores de formación para el empleo.
Ahondando en las indagaciones, según este comandante, los investigadores de la UCO detectaron que UGT-A contaba con un "depósito financiero" que la propia organización denominaba como "bote". Este se nutría de las diferencias o excedentes a su favor fruto de la facturación de las empresas proveedoras con las cuales contrataba servicios, con cargo a las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía.
La base de la investigación, según sus palabras, fue la documentación y materiales intervenidos en la sede de UGT y demás registros acometidos, así como el disco duro sobre su contabilidad depositado por UGT-A en una Fiscalía y las comparecencias de personas pertenecientes al ámbito del sindicato, como el extrabajador Roberto Alejandro Macías Chaves.
Este trabajador en concreto fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación "información reservada y sensible" del sindicato sobre estos hechos, pero no a las autoridades policiales o judiciales. Por este motivo, varias defensas solicitaron la nulidad de la causa.
No declarará Juanma Moreno
En la primera sesión del juicio, una de las defensas del sindicato, José María Calero, el mismo abogado de José Antonio Griñán ante el Supremo por el caso ERE, intentó dar un golpe de efecto. En un escrito previo, solicitó que la Junta renunciase a la reclamación de estos 40 millones y que declarase como testigo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El abogado elevó ambas peticiones en base a un acuerdo que el Gobierno andaluz alcanzó a finales de 2022 con la UGT-A por el que el sindicato se comprometía a devolver a plazos el dinero defraudado durante 25 años. El letrado lo cifra en "casi 70 millones de euros" y el mismo incluiría los 40 millones que se reclaman en el juicio.
Sin embargo, la Audiencia ha desestimado esta cuestión previa al considerar la comparecencia "innecesaria" para la resolución de esta causa y porque además "no se niega" el acuerdo alcanzado entre el sindicato y la Administración autonómica para el reintegro de las ayudas concedidas entre 2008 y 2018.
El fiscal insistió ayer que "una cosa es el fraude y otra cosa es la responsabilidad administrativa" y acusó al sindicato de "institucionalizar" el mismo y de "defraudar masivamente".