El Tribunal de Cuentas ha obligado a un alcalde madrileño a reingresar los 11.750 euros que su ayuntamiento empleó en 2020 para pagar 110 cestas de Navidad. Fueron entregadas a los trabajadores municipales, a los miembros del consistorio y algunos profesionales de la localidad, como varios guardias civiles, el juez de paz o el párroco.

Una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, da la razón a la Fiscalía, que criticó este "daño real y efectivo" a las arcas públicas, que consideró no justificado.

Por ello, la resolución ordena a Daniel Álvarez, regidor de Venturada en ese año, a afrontar, de su bolsillo, este rembolso. El político, además, tendrá que pagar las costas del procedimiento.

En abril de 2022, la Intervención del Ayuntamiento de Venturada (Madrid) presentó una denuncia en la que reprochaba un gasto "contraído sin fiscalización previa, consistente en el suministro de 110 lotes de empresa de Navidad, sin que consten los destinatarios, ni se justifique el fundamento legal que ampare el gasto".

Asimismo, la Intervención también cuestionó la "finalidad pública perseguida" y subrayó que las cestas de Navidad son "una liberalidad del empresario", por lo que no tendrían cabida en una Administración pública. Esta misma tesis la apoyó la Fiscalía, a la que el Tribunal de Cuentas da ahora la razón.

Para elaborar estos lotes gastronómicos de Navidad, el Ayuntamiento de Venturada pagó a una carnicería salmantina por los 110 surtidos de ibéricos. El consistorio también abonó los gastos de una cena, celebrada en diciembre para festejar las fiestas.

Pese a las quejas de la interventora, Álvarez ordenó abonar la factura y en un decreto, justificó la "procedencia y necesidad" del gasto "en el desempeño de las funciones de representación" del Ayuntamiento.

Asimismo, recalcó que la entrega de cestas de Navidad venía realizándose durante más de un cuarto de siglo, con Ejecutivos locales de uno u otro partido.

"Según los archivos de este Ayuntamiento, la entrega de cestas de Navidad tiene su origen al menos en el año 1995 y dicha práctica ha sido reiterada desde entonces —esto es, durante 26 años—, por todos los equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Venturada, siendo dicho motivo el que ha llevado al actual equipo de gobierno a la continuidad de dicha práctica, lo que justifica la prestación facturada", defendió el entonces regidor.

A renglón seguido, el regidor detalló que quienes recibieron las cestas fueron los concejales, los empleados públicos y "otras personalidades y colectivos cuyos puestos no son retribuidos por el Consistorio, pero realizan trabajos en beneficio de los vecinos del municipio de Venturada".

En este último listado se incluían 21 voluntarios de Protección Civil, un conserje de colegio, varias educadoras, nueve policías municipales, personal sanitario, el juez de paz, el párroco y varios guardias civiles. El Ayuntamiento, a su vez, justificó los obsequios por la labor de todos ellos durante la pandemia de la Covid-19.

El alcalde también se excusó en que, hasta la fecha, ningún interventor, pese a las quejas previas, había alertado del reparto de cestas de Navidad al Tribunal de Cuentas, salvo en el año 2018, pero el procedimiento contable acabó archivado.

La sentencia del Tribunal de Cuentas establece que estos obsequios "estarían justificados si (...) su adquisición persiguiera el cumplimiento de una finalidad pública porque, sólo en tal caso, no estaríamos ante un gasto arbitrario (...) que daría lugar a un saldo negativo injustificado".

La ponente de la resolución, María del Rosario García, recalca que no existía ninguna ley que sustentase la compra de las cestas de Navidad y que "no es admisible la contracción de obligaciones y la realización de gastos que no tengan una finalidad pública".

"Sin poner de ningún modo en duda el esfuerzo que supuso para todos los poderes públicos y para la población la situación de pandemia, ni que gracias a ese esfuerzo se pudo superar la profunda crisis de salud, personal, social y económica que conllevó, esta juzgadora no puede considerarlo suficiente para justificar la entrega de las cestas de Navidad", concluye.

El abono de 11.750 euros para pagar las cestas provocó un "saldo negativo injustificado", por lo que el Tribunal de Cuentas obliga al alcalde que autorizó este gasto a reinsertarlo a las arcas públicos. "El hecho de que la entrega de un obsequio en Navidad fuera una costumbre reiterada en la Corporación municipal no convierte a esa costumbre en legal ni exime al gestor de los fondos municipales del deber de garantizar la integridad de los fondos públicos gestionados", finaliza.