Manuel García-Castellón, el juez que investiga el llamado caso Tsunami Democrátic, ha subrayado en una reciente resolución que, desde su inicio en 2019, esta causa versa sobre un posible delito de terrorismo.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional responde, entre otros, a Gonzalo Boye, el abogado que ejerce la defensa de Carles Puigdemont. El expresidente catalán, fugado en Bélgica, está imputado por este delito.
Documentación judicial fechada a finales de 2019 —recuerda el juez— ya mencionaban los hechos investigados como "susceptibles de incardinarse" en la definición de terrorismo que recoge el Código Penal.
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Boye, recientemente, había dirigido al Juzgado varios escritos, en los que deslizaba que el juez, de forma intencionada y sorpresiva, mencionaba el terrorismo en la causa judicial a fin de torpedear la aplicación a Puigdemont de la Ley de Amnistía.
"Siempre se ha sabido que no estamos ante actos terroristas", exponía Boye en uno de sus escritos más recientes. Asimismo, el letrado del expresidente catalán sostenía que "sólo desde un retorcimiento indebido del Derecho se podría llegar a tal calificación".
García-Castellón, por contra, señala que la calificación de los hechos como terrorismo "no resultaba, ni mucho menos, novedosa" cuando el instructor la plasmó en el auto fechado el pasado 6 de noviembre, en el que imputó por este delito a Puigdemont. Por ello, subraya que no se trata de una "imputación [de este delito] sorpresiva o acomodada a circunstancias ajenas a la investigación".
El diputado fugado a Suiza
Por otra parte, el juez ha ordenado averiguar el paradero del diputado catalán Rubén Wagensberg, del que se publicó en prensa que había abandonado España y se había instalado en Suiza.
"Atendida la posibilidad que el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial, se acuerda requerir a (...) la Guardia Civil, a fin de que realicen las comprobaciones pertinentes para asegurar si el investigado se encuentra en su domicilio y si acude a su lugar de trabajo habitual", dispone García-Castellón.
Wagensberg es uno de los doce investigados en esta causa, como lo son el expresidente catalán Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos, por un supuesto delito de terrorismo, derivado de las protestas violentas convocadas por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en 2019.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a considerar los hechos investigados como terrorismo. Y así lo ha trasladado a García-Castellón, en un duro informe en el que también le acusa de "falta de argumentos" a la hora de vincular a Puigdemont con la plataforma independentista que organizó, entre otras acciones violentas, el asalto al Aeropuerto de El Prat.
Actualmente, el Supremo aún debe decidir si asume o no el caso, después de que García-Castellón se lo remitiese, al afectar a dos políticos aforados (Puigdemont y Wagensberg).
Por su parte, la Fiscalía del Alto Tribunal coincide con la de la Audiencia Nacional y considera que los hechos deberían ser calificados como desórdenes públicos. Contradice así al juez instructor y a la Guardia Civil, que apuntan a un delito de terrorismo y sostienen que Rovira, Puigdemont, Wagensberg y el resto de investigados formaron parte de la dirección de Tsunami Democràtic y colaboraron en la organización de los disturbios tumultuarios.
La principal protesta fue la convocada en octubre de 2019 en el barcelonés Aeropuerto de El Prat, que fue colapsado por más de 8.000 radicales que acudieron a la convocatoria, a fin de protestar por la condena impuesta por el Supremo a los líderes del procés.
Precisamente, en este último auto, García-Castellón solicita a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) más información sobre los disturbios ocurridos en el aeródromo y consulta a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que le informe de se ha realizado alguna actuación al respecto.