El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha prorrogado seis meses la investigación del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado señala que aún le falta por interrogar a tres de los imputados: los jefes de ETA María Soledad Iparraguirre (apodada Anboto), José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri) e Ignacio Miguel Gracia Arregui (Iñaki de Rentería).

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, había solicitado la prórroga de la instrucción. También lo habían hecho el resto de las acusaciones: la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la hermana del asesinado, Marimar Blanco, el Partido Popular y la Fundación Villacisneros.

Por tanto, la instrucción queda prorrogada hasta el día 11 de agosto de 2024. Hace casi un año, en marzo de 2023, García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, reabrió la investigación sobre el asesinato del concejal del PP en Ermua, ocurrido el 13 de julio de 1997. 

Los dos autores materiales de la muerte —los etarras Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia— ya fueron condenados en 2006. Sin embargo, esta investigación busca conocer quiénes ordenaron su ejecución y si la muerte es atribuible penalmente a los miembros de la cúpula de ETA, a la que pertenecieron Anboto, Kantauri e Iñaki de Rentería. La querella contra los jefes etarras fue presentada por Dignidad y Justicia, una de las acusaciones populares en esta causa.

Ni siquiera los abogados de los imputados se han opuesto a la prórroga de la instrucción. Además, la investigada Soledad Iparraguirre se acogió recientemente al llamado principio de especialidad; lo que supone que el Juzgado ha debido preguntar a Francia si autoriza a García-Castellón a interrogar a la etarra por la muerte del concejal del PP vasco. ¿Por qué? Porque el país galo fue el que entregó a Anboto a la Justicia española por unos hechos distintos al asesinato de Miguel Ángel Blanco.

"Nos hallamos a la espera de que las autoridades francesas recaben el consentimiento previsto", recuerda el juez en el auto en el que acuerda la prórroga de la causa. "De este modo, para garantizar el derecho de defensa de los investigados y la igualdad de armas entre todas las partes, y puesto que resta por practicarse una variedad de diligencias de instrucción, procede acceder a lo peticionado por las partes solicitantes", concluye García-Castellón.

El cuarto de los investigados es Miguel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza. Cuando fue interrogado, se acogió a su derecho a no declarar.