El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el miércoles 7 de febrero en Barcelona.
Una organización de fiscales recurre ante el TS la designación de García Ortiz como fiscal general
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostiene que ya no es un jurista de reconocido prestigio y el nombramiento no fue motivado.
9 febrero, 2024 09:53La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunció ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el nuevo nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general.
La APIF, la tercera organización del colectivo, tras la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, considera que, después de ser condenado por el Tribunal Supremo por desviación de poder y a la vista de su actuación, García Ortiz no reúne ya el requisito de ser un jurista de reconocida competencia.
Afirma, además, que la designación careció de la necesaria motivación por parte del Gobierno, justificación que considera imprescindible teniendo en cuenta que el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial se pronunció en contra de la idoneidad del candidato para ocupar el cargo.
El recurso responde a lo acordado en el último congreso de la APIF, el pasado 25 de noviembre.
La asociación consideró que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es "justo el contrario del que diseñó el constituyente", una Fiscalía integrada en el Poder Judicial y con autonomía funcional respecto del Ejecutivo.
Según la APIF, se ha designado fiscal general a una persona "que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".
"Y, por si fuera poco, ha sido condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros", añade en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la designación de la antecesora de García Ortiz, Dolores Delgado, como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Este segundo nombramiento de García Ortiz al frente del Ministerio Público "supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: “¿la Fiscalía de quien depende?”, añade en referencia a una célebre expresión del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para la APIF, García Ortiz no es un fiscal general del Estado "sino del Gobierno”.
El dictamen del CGPJ
La asociación se apoya en el "fundado dictamen" del Consejo General del Poder Judicial previo al nombramiento de García Ortiz.
El órgano de gobierno del Poder Judicial consideró que el candidato propuesto por el Gobierno no reunía las condiciones de idoneidad para el cargo.
La APIF sostiene que el Ejecutivo, "al apartarse de este criterio, tan fundamentado, debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido", justificación que no hizo.
La actuación de Álvaro García Ortiz en los dos años de mandato anterior, "con anulación de nombramientos de fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado y la pendencia de otro recurso en el Tribunal Supremo solicitando la anulación como fiscal de Sala de Memoria Democrática también de Dolores Delgado, así como su actuación, una vez nombrado fiscal general, estrenándose en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España respecto a la proposición de ley de amnistía, a nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso", señala la APIF.
A su parecer, el requisito de ser un jurista de reconocido prestigio, "si bien podría haber concurrido en Álvaro García Ortiz, decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder".
