La mano derecha del fiscal general ultima un informe contrario a investigar por terrorismo a Puigdemont

El informe de Sánchez Conde, número uno de la carrera fiscal y mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz, será el que se presente en la Sala Penal del Supremo fijando la posición definitiva del Ministerio Público sobre la exposición razonada elevada por el juez instructor del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Sánchez Conde ha comentado su criterio en los últimos días con algunos fiscales de Sala y otros colaboradores, a los que ha indicado que, en su opinión, no hay base para apreciar terrorismo en Tsunami Democràtic, el movimiento independentista que organizó la violenta reacción a la sentencia condenatoria del 'procés' dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019.

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La teniente fiscal se inclina, así, por la tesis mantenida recientemente por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y que fue la que quedó en minoría en la sección de fiscales del Tribunal Supremo la pasada semana.

Fidel Cadena, uno de los fiscales jefes de esa sección, ha entregado este martes a Sánchez Conde un escrito en el que resume la posición que prosperó entre los fiscales del Supremo, que por 12 votos a tres vieron indicios de terrorismo y por 11 votos a cuatro apreciaron elementos incriminatorios contra Puigdemont que deben ser investigados, consideran.

Cadena ha informado este martes a la sección de su escrito, que se divide en dos grandes apartados. Uno de ellos se dedica al análisis de los requisitos objetivos del delito de terrorismo descrito en el artículo 573 del Código Penal.

A su juicio, ese tipo penal encajan las acciones violentas promovidas por Tsunami Democràtic como la toma del aeropuerto de El Prat o los disturbios en las ciudades de Cataluña, particularmente en Vía Layetana y Plaza Urquinaona de Barcelona.

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Cadena sostiene que tanto las acciones como los propios mensajes difundidos por Tsunami Democràtic revelan la intención de este movimiento de utilizar la violencia para desestabilizar al Estado y obligar al Gobierno a negociar.

El escrito destaca, además, que a partir de la reforma de los delitos de terrorismo realizada en 2015 no se exige la existencia de una organización terrorista (con las notas de estabilidad, planificación y jerarquía estructurada al modo de bandas como ETA), sino que basta un grupo o meras células o individuos terroristas.

La otra parte del escrito se centra en la existencia de indicios suficientes para investigar al expresidente catalán prófugo de la Justicia.

El fiscal de Sala da relevancia a los mensajes que Puigdemont intercambió con investigados a los que se considera cabecillas de Tsunami Democràtic, como Josep Campmajó. En particular, aquellos en los que el expresidente catalán asume que las acciones del movimiento podrían tener consecuencias fatales ("el problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado").

Pero otorga también significación al hecho de que Josep Lluis Alay, director de la oficina de Puigdemont, está en contacto con los dirigentes del movimiento desde su génesis.

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Cadena se ha negado a facilitar el escrito a los fiscales de la sección, pese a que la finalidad del documento es reflejar la posición mayoritaria de estos.

Ha alegado que quiere evitar filtraciones, lo que ha generado cierto malestar al poner de manifiesto desconfianza en la generalidad de los miembros de la sección cuando la única filtración que se ha registrado -la del informe inicial del fiscal del caso, Álvaro Redondo- se produjo después de que el propio Fidel Cadena enviara ese documento exclusivamente a los fiscales de Sala del 'procés'. Dos de ellos, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, son miembros de la sección que examinó el caso Tsunami Democràtic.