Suiza se niega de nuevo a cooperar con el juez de 'Tsunami' y cuestiona los indicios contra Rovira

Suiza sigue poniendo trabas a la investigación judicial del llamado caso Tsunami Democràtic. El país helvético sigue rechazando cooperar con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, después de que éste solicitara a las autoridades suizas colaboración en la causa judicial en la que están imputados, entre otros, el expresident catalán Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La política está fugada de la Justicia española y desde 2018 reside, precisamente, en dicho país.

Para solicitar la cooperación de Suiza, García-Castellón emitió una comisión rogatoria, en la que solicitó, entre otras cuestiones, información sobre el paradero de la líder de Esquerra. Y, al igual que hiciera en 2019 y 2020, la Oficina Federal de Justicia (OFJ) del país alpino, dependiente de su Ministerio de Justicia, ha puesto en duda los fundamentos de esta investigación.

Este martes, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha recibido un escrito de dos folios, en francés y fechada a finales del pasado diciembre, en el que Suiza rechaza, por el momento, informar sobre el paradero en el país de Marta Rovira y acerca de una cuenta bancaria a través de la cual se habrían financiado parcialmente las actividades de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que convocó las protestas a favor de los líderes del procés catalán. Entre otras, la que provocó el colapso del Aeropuerto de El Prat en octubre de 2019. Estos sucesos violentos son los que se investigan en esta causa judicial, por si constituyeran un delito de terrorismo.

[La orden de Marta Rovira a Tsunami Democràtic: "Debemos actuar como en el 1-O, con un abuso de poder"]

Ahora, la OFJ pide más detalles al juez sobre los motivos que justifican su petición de colaboración. Especialmente, cuestiona la pertenencia de la secretaria general de ERC a Tsunami Democràtic.

"Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados [El Prat y Barajas] que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto", responde la OFJ, tal y como ha adelantado El País y ha podido corroborar este diario de varias fuentes jurídicas.

Para imputar a Rovira, García-Castellón se basó en unos chats recogidos en un informe de la Guardia Civil y que constatan que la secretaria general de ERC, bajo el alias de Matagalls, formó parte de la organización de los disturbios. Incluso, tal y como desveló EL ESPAÑOL, esas conversaciones incluyen órdenes de Rovira. "Debemos actuar como en el 1-O, con abuso de posición", recomendó la política independentista en un chat secreto.

El juez García-Castellón también se basó, para imputarla por el delito de terrorismo, en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza) en 2019, en la que, a su juicio, se coordinó el lanzamiento de la plataforma Tsunami Democràtic. 

En marzo de 2020, Suiza ya se opuso a colaborar con la Audiencia Nacional al considerar que el caso Tsunami tenía "un carácter político". Y así lo plasmó entonces el representante de la Oficina Federal de Justicia, Guillaume Rousseau, en un escrito que envió al juez. Ahora, el mismo funcionario helvético se opone, de nuevo, a colaborar con García-Castellón.

Tras conocerse esta noticia, la acusación popular que ejerce la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) ha emitido un comunicado señalando al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que acusan de haber filtrado "sin ningún pudor" la postura de Suiza, favorable a los intereses del Gobierno de España, a "medios afines" al PSOE. Y lo habría hecho "antes de que llegara al juzgado".

Cierto es que, tal y como pudo comprobar EL ESPAÑOL y constata DyJ en su difundido, "ni Dignidad y Justicia ni el resto de las partes personas ha tenido aún acceso al escrito remitido por Suiza, que ha llegado esta mañana [del martes] al Juzgado por vía telemática y aún no nos ha sido remitida", expone la asociación encabezada por el diputado del PP Daniel Portero.

Asimismo, Dignidad y Justicia acusa al departamento de Bolaños de haber retenido el documento, fechado en diciembre, durante dos meses. Fuentes del Gobierno consultadas por este diario niegan esta última acusación.