Koldo lideraba una trama de cargos del MITMA que daba contratos, cobraba y blanqueaba comisiones

La organización habría recibido comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario tramitados por el procedimiento de emergencia, que obviaba controles administrativos y permitía elegir a la empresa beneficiaria.

Los investigadores sitúan a García Izaguirre "en la cúspide" de esa presunta organización criminal de la que formaría parte algún cargo del Ministerio de Transportes también detenido este martes, cuando la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil decidieron estallar la operación.

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La Operación Delorme tiene su origen en una denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid el 10 de marzo de 2022.

Fue una denuncia reactiva, promovida por el PP en respuesta a la que previamente habían presentado el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos contra el hermano de la expresidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Koldo García en 2016, antes de trasladarse a Madrid.

Tomás Díaz Ayuso fue investigado por un contrato de 250.000 mascarillas anti-Covid adjudicado por la Comunidad de Madrid por un importe de 1,5 millones de euros. Anticorrupción archivó las diligencias preprocesales en junio de 2022 al concluir que no había "conductas penalmente relevantes" ni en el contrato ni en la comisión cobrada ni en la presidenta madrileña.

Querella de Anticorrupción

La mayor parte de la denuncia del PP corrió la misma suerte, a excepción de la parte referida a dos contratos de emergencia autorizados por el Ministerio de Transportes y uno del Ministerio del Interior adjudicados a la misma sociedad: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Suman más 40 millones de euros.

Tras casi dos años de investigación preprocesal sobre esos y otros contratos, Anticorrupción interpuso hace unos meses una querella por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

Desde entonces, el procedimiento se ha tramitado en secreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

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Fuentes de la investigación han señalado que este jueves pasarán a disposición del juez Ismael Moreno cinco de los 20 detenidos, entre ellos Koldo García Izaguirre. El resto ha sido puesto en libertad por la UCO, aunque no desvinculados de las pesquisas.

Los investigadores llevaron a cabo 26 registros simultáneos en Madrid y otras provincias en los que se ha intervenido dinero e ingente documentación que va a ser ahora analizada, sin que se descarte la implicación de más personas.

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Las fuentes consultadas indicaron que, aunque parte del material sanitario adquirido por Transportes fue pagado a precios algo superiores a los que otras Administraciones públicas estaban abonando en ese momento, este factor no ha sido determinante para la interposición de la querella.

"En aquella época había muchas dificultades para adquirir material anti-Covid y cada ente público hacía lo que podía. Eso no da lugar a responsabilidad penal", explican.

Lo que sucede en este caso es que se han reunido indicios del pago de comisiones ilegales presuntamente a cambio de las adjudicaciones, fondos que posteriormente habrían sido blanqueados por medio de la adquisición de propiedades inmobiliarias y otros bienes.