La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Santiago Pedraz a emitir una orden de detención de Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang. Así consta en un reciente auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ovono, jefe de la Inteligencia exterior del país africano, está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 por, supuestamente, haber secuestrado y torturado a dos activistas opositores al régimen de su padre.

Uno de ellos, Julio Obama, murió en una cárcel guineana después de que Pedraz denegase la detención de Carmelo y ordenase, únicamente, notificarle la querella interpuesta por el grupo opositor Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R).

En esta causa judicial, Pedraz investiga el supuesto secuestro y las torturas sufridas por Feliciano Efa y Julio Obama, dos ciudadanos nacionalizados españoles y opositores al régimen de los Obiang. Ambos habían servido en las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Tal y como rezan varias resoluciones firmadas por el magistrado, la causa judicial se sigue por los delitos tan graves como los de "secuestro con finalidad terrorista (...) y de torturas y contra la integridad moral".

Recientemente, Pedraz trató de ceder esta causa a la Justicia guineana, que ha abierto una investigación sobre los mismos hechos. Ahora bien, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la defensa de las familias de las víctimas se oponen a ello, ya que cuestionan la imparcialidad de las instituciones del país africano, mientras que Pedraz ha admitido en una resolución que no tiene motivos para dudar de ella.

El 'caso Obiang'

Los hechos investigados en el llamado caso Guinea o caso Obiang ocurrieron en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas, junto a otros dos miembros del MLGE3R, para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.

Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.

Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles a Guinea.

Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. La Sala también ha obligado a Pedraz a ordenar la detención de ambos.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.

Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor MLGE3R, al que pertenecían los cuatro activistas que habrían sido secuestrados.

Dos de ellos eran españoles: Efa y Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".

Represión fuera de Guinea

Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.

Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.

El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.

Guinea no colabora

El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.

Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".

Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.

Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".

"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.