La Comisión de Venecia ve "división profunda" por la amnistía y pide aprobarla por "mayoría cualificada"

El documento, cuya aprobación está prevista para dentro de dos semanas tras el trámite de alegaciones abierto ahora sobre el borrador, destaca tanto aspectos negativos como positivos de la proposición de ley.

Entre estos últimos destaca que la Comisión de Venecia no ve comprometida la separación de poderes ya que "se encomienda al Poder Judicial decidir si determinadas personas cumplen los criterios generales determinados por el Parlamento para la aplicación de la amnistía".

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Además, aun siendo consciente de que la amnistía es fruto de un acuerdo político para lograr una mayoría de investidura, la Comisión de Venecia resalta que "la normalización institucional, política y social de Cataluña es un objetivo legítimo".

Estos argumentos han sido resaltados de inmediato por el Gobierno. "Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internaciones", escribió en X el ministro Félix Bolaños.

Pero, a partir de ahí, casi todos los demás criterios del órgano consultivo del Consejo de Europa no son en absoluto favorables a la amnistía a los implicados en el 'procés' catalán.

"División social profunda"

La Comisión considera que no le corresponde "evaluar la proporcionalidad" de la norma en relación con el objetivo de normalización que proclama. 

"El Parlamento español, al decidir si aprobar el proyecto de ley de amnistía y con qué contenido, tendrá que abordar la cuestión de si se puede lograr la normalización de Cataluña a pesar de que la proposición de ley de amnistía ha creado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad de España", constata.

No entra a examinar la constitucionalidad de la proposición de ley, pero considera que "la viva controversia que ha suscitado sugiere que sería preferible, llegado el momento, regular este asunto explícitamente mediante una reforma constitucional".

En varias ocasiones reclama una "mayoría cualificada adecuada" para la amnistía, recordando que en numerosos países se exigen 2/3 o 3/5 del Parlamento.

Crítica al trámite de urgencia

Además, resalta que el procedimiento legislativo acelerado -como el que se está siguiendo en España- "no es apropiado para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".

"El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos", señala.

Considera que, en particular, "unas consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar [al Parlamento] a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista".

Tras señalar que la amnistía no debe ser concebida para "cubrir a individuos concretos", la Comisión de Venecia observa que el ámbito de la amnistía que pretende aprobarse es "muy amplio y bastante indeterminado", tanto en cuanto a los actos que incluye como al ámbito temporal.

A este respecto, recomienda "definir de manera más precisa el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía, de manera que los efectos de la ley sean más previsibles".

"Como la amnistía afecta el valor de la cosa juzgada, debe respetar la seguridad jurídica, ya que de lo contrario socavaría la confianza pública en la observancia y el respeto de la constitución y la ley", explica.

A su juicio, la "falta de claridad y determinación" de su ámbito de
aplicación conlleva el riesgo de que surja un número muy elevado de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley.

Esto, a su vez, presenta el riesgo de "trasladar los conflictos del nivel político al judicial. Este resultado no sería coherente con el propósito de la amnistía como tal", señala.

Malversación de fondos

El borrador de informe subraya que es necesario que haya coherencia entre los actos cubiertos por la amnistía y las infracciones cometidas para "evitar la arbitrariedad".

"Solo una relación causal más estrecha entre 'las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias' y determinados actos de malversación y corrupción podría justificar la aplicación de la
amnistía a estos últimos", afirma.

En cambio, no cuestiona la inclusión del terrorismo entre los delitos amnistiables. Incluso señala que la fase del procedimiento judicial -es decir, el hecho de que estén o no sentenciados- debería ser "irrelevante".

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Y también considera una "consecuencia lógica" de la amnistía que decaigan las medidas cautelares acordadas respecto a las personas beneficiadas.

La Comisión cree que debe aclararse la suspensión de los procedimientos si los jueces plantean cuestiones de inconstitucionalidad y señala que "en cualquier caso esta cláusula no puede interpretarse de manera que prive al control judicial de la amnistía de cualquier efecto práctico, incluso en lo que respecta a la aplicación de los principios del Derecho penal".

Las comisiones de la 'lawfare'

El borrador de informe critica severamente las comisiones parlamentarias de investigación de la denominada 'lawfare' o persecución judicial. 

"Exigir a los jueces que informen a un órgano político, en público, sobre la manera en que abordaron un caso específico representa una interferencia política en la administración de justicia", afirma.

Además, crea un "efecto paralizador" sobre otros jueces, particularmente aquellos que actualmente o en el futuro conocen de casos pendientes o vinculados a causas excluidas del ámbito de la ley de amnistía.