El juez rechaza que el Gobierno balear del PP intervenga como acusación en el caso Koldo

La Administración balear, dirigida desde el pasado mayo por Marga Prohens (Partido Popular), pidió intervenir en el proceso como parte acusadora para aclarar la adjudicación y desarrollo de la contratación de emergencia decidida por el anterior Ejecutivo autonómico -en manos de la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Congreso- para la adquisición de 1,5 millones de mascarillas FFP2 por importe de 3.701.500 euros a la empresa Soluciones de Gestión.

Esta empresa está en el epicentro del llamado caso Koldo al haber resultado adjudicataria de contratos de los Ministerios de Transportes e Interior, así como de Baleares y Canarias, que pudieron estar amañados. 

[Armengol alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos UE cuando ya sabía que eran defectuosas]

EL ESPAÑOL adelantó que el Gobierno de Francina Armengol modificó el contrato de compra de mascarillas adjudicado a Soluciones de Gestión con el fin de financiarlo con fondos europeos cuando ya sabía que el material incumplía "los requisitos acordados y necesarios" para el uso previsto, ya que no se recibieron las mascarillas contratadas (FFP2), sino KN95.

Perjuicio a la Administración 

Precisamente en ese cambio de fondos para financiar la compra está el motivo por el que el fiscal anticorrupción Luis Pastor y el juez instructor consideran que el Gobierno balear no puede personarse en el procedimiento penal.

Pastor, en un informe que luego ha copiado el juez instructor en su resolución, señala que "al haberse financiado el contrato con fondos europeos, no puede entenderse que haya existido perjuicio para la Administración de las Islas Baleares".

De este modo, no se ha aceptado la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears como acusación particular "hasta en tanto acredite el eventual perjuicio irrogado en los hechos que son objeto de investigación".

Armengol se defiende

Armengol ha comparecido hoy en el Congreso para justificar su actuación.

[La investigación de la Fiscalía Europea pone bajo sospecha a la tercera autoridad del Estado]

Ha asegurado que en aquella primera época de la pandemia (primavera de 2020) llegaban multitud de propuestas para adquirir material sanitario, también de “ministerios y otras instituciones”.

La presidenta del Congreso, sin embargo, no ha querido revelar quién recomendó al Gobierno de Baleares que contratara las mascarillas con Soluciones de Gestión.

Ni ha explicado por qué, en lugar de reclamar la devolución del dinero o una indemnización, el Servicio de Salud de las Islas Baleares decidió cambiar los contratos para endosarle el gasto a la UE a través de los fondos Feder.

Es más, la Consejería de Sanidad balear emitió un certificado de satisfacción con el servicio prestado. Y no inició los trámites para efectuar una reclamación hasta el mismo día en que el Parlamento balear investía a su sucesora, la popular Marga Prohens.

La nueva Administración autonómica tampoco fue informada de que la Fiscalía Anticorrupción investigaba ese contrato.

El Instituto de Higiene de Baleares concluyó en junio de 2020 que las mascarillas no eran FFP2, pero la reclamación no se formalizó hasta el 6 de julio de 2023, con el Gobierno de Armengol ya en funciones tras perder las elecciones autonómicas.

Preguntada por ese retraso, Armengol ha dicho hoy que la pandemia provocó demoras en todos los trámites administrativos, ya que los funcionarios estuvieron teletrabajando.

"Yo no estoy investigada. Han detenido a 20 personas y ninguna es de Baleares. Mi Gobierno podría ser víctima, ni es cómplice ni es colaborador", ha señalado Armengol, que ha pedido saber qué ha pasado con la reclamación que su Gobierno presentó.

"Debe explicar claramente qué ha hecho con ese expediente de reclamación", ha dicho en alusión al Gobierno de Prohens.

La consejera de Salud de las Islas Baleares, Manuela García, ha manifestado hoy mismo en el Parlament autonómico que el expediente de reclamación sigue plenamente vigente.