La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impedido al juez Manuel García-Castellón investigar los chats de Telegram en los que el partido Sortu organizaba ongi etorris (homenajes a presos de ETA cuando son encarcelados).
El tribunal, jerárquicamente superior al magistrado, da así la razón a la Fiscalía, que se había opuesto a alargar la instrucción de esta causa judicial para practicar esta diligencia.
Concretamente, García-Castellón pretendía solicitar a la red social Telegram información sobre la titularidad de tres canales. Uno de ellos era el administrado por Sortu, partido que forma parte de EH Bildu, y otro, por la Red Ciudadana Sare, próxima al entorno proetarra.
El fiscal del caso, Carlos García Berro, presentó un recurso contra la decisión del juez de investigar estos chats y de ampliar la instrucción hasta el 29 de julio. Fueron dos acusaciones populares (Dignidad y Justicia y el Partido Popular) las que solicitaron al juez esta prórroga y la práctica de esta diligencia.
El magistrado, de hecho, ya había dado por cerrada la instrucción, pero reculó a petición del PP y de esta asociación de víctimas del terrorismo, presidida por el diputado Daniel Portero.
La Sala considera que la petición de las acusaciones "absolutamente extemporánea". Y así se lo reprocha al juez, al que afea un "cambio radical de criterio". El 27 de octubre de 2023 había cerrado ya la instrucción y el 29 de enero de 2024 ordena investigar los chats de Sare y Sortu.
Además, el tribunal considera "sorprendente" que la asociación de víctimas pidiera esta diligencia basándose en un informe de la Guardia Civil fechado el año pasado y que, desde entonces, figura en el sumario de esta causa.
Por todo ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera concluida esta investigación desde el 29 de octubre de 2023, tal y como solicitó el fiscal.
Esta investigación de la Audiencia Nacional se centra en la organización de los homenajes a los presos de ETA que salen de prisión. Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas en 2021, entre ellas el etarra Kubati, al que la Fiscalía ya ha pedido que sea juzgado, al igual que los otros dos investigados: Carlos Saez de Eguilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro (apodado Pipe y antiguo miembro del comando Barcelona de ETA).
A todos ellos, García Berro les atribuye un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y otro de enaltecimiento de los terroristas.
En el marco de esta causa judicial se descubrieron los contactos entre el entorno de los presos de ETA y Ángel Luis Ortiz, máximo dirigente de Instituciones Penitenciarias.