La presidenta de la Comisión de Venecia, Claire Bazy Malaurie, junto a la vicepresidenta, Marta Cartabia (d), durante la reunión de la Comisión este viernes.
La Comisión de Venecia critica la ley de amnistía por su alcance y pide una "mayoría más cualificada"
El informe definitivo recoge la garantía del Gobierno de que la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad suspende la aplicación de la ley.
15 marzo, 2024 14:22El dictamen definitivo de la Comisión de Venecia, hecho público este viernes, mantiene la mayoría de sus objeciones a la ley de amnistía y reitera su petición de que sea aprobada por una mayoría "más cualificada" que la mera mayoría absoluta requerida para las leyes orgánicas.
La Comisión de Venecia constata que la iniciativa se presentó como una proposición de ley, que es un procedimiento "con una consulta limitada" a las partes interesadas y a otras instituciones del Estado" y, además, ha seguido un procedimiento de urgencia.
"Las amnistías suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política", señala. Sin embargo, estos objetivos legítimos "deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes para no frustrar su finalidad: deben inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos".
Por ello, subraya, "los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para aprobar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance y su naturaleza a menudo controvertida".
La Comisión de Venecia observa que el proyecto de ley de amnistía ha generado "una profunda y virulenta división" en la clase política, las instituciones, el poder judicial, el mundo académico y la sociedad española.
La Comisión "anima a las autoridades españolas y a las fuerzas políticas a que se tomen todo el tiempo, forma y dialogo significativo en el espíritu de una leal cooperación entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición para poder lograr una reconciliación social y política".
En este mismo sentido, recomienda a las autoridades que, aunque la amnistía puede ser adoptada por mayoría absoluta, se intente alcanzar "una mayoría más cualificada", recomendación que llega 24 horas después de que el Congreso haya aprobado la polémica ley sin corrección alguna de las objeciones ya planteadas por la Comisión de Venecia en el borrador de informe conocido el pasado 2 de marzo.
"Si bien los órganos electos disponen de un margen de apreciación a la hora de juzgar si una amnistía es un instrumento eficaz, o si se podría optar mejor por otras opciones como el indulto y/o la modificación de la legislación penal, las amnistías deben adoptarse con una mayoría cualificada suficientemente amplia, en la medida en que pueden tener efectos muy divisorios en la sociedad", insiste.
Ámbito de la ley
El prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional no se pronuncia sobre la conveniencia del proyecto de ley de amnistía, ni sobre su idoneidad para alcanzar su objetivo declarado, por considerar que se trata de decisiones políticas que corresponde adoptar al Gobierno y al Parlamento españoles.
Tampoco aborda la constitucionalidad de la norma ni su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, al corresponder al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE, respectivamente.
Pero el dictamen mantiene sus reservas sobre el ámbito de aplicación material y temporal de la ley de amnistía ya enunciadas en el borrador.
Tras recordar que una amnistía "es una cuestión de interés general", subraya que los criterios para su aplicación "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos".
La Comisión de Venecia recomienda "acotar y definir de forma más precisa" el ámbito material y temporal de la amnistía "para hacer los efectos de la ley más previsibles".
A su juicio, la última ampliación del ámbito temporal de la amnistía a noviembre de 2011 se ha hecho "sin justificación alguna", lo que "suscita preocupación".
Terrorismo y malversación
A la vista de las modificaciones introducidas por la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 7 de marzo, la Comisión de Venecia constata que la ley de amnistía excluye ahora los actos terroristas que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva europea de 2017 y que hayan causado intencionadamente una violación grave de los derechos humanos.
A este respecto, el dictamen reitera que, "también en la interpretación de las exclusiones anteriores, el principio rector debe ser que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos se excluyen de su ámbito de aplicación".
Reitera también que "debe haber coherencia en la determinación de los actos cubiertos por la amnistía", que han de estar "intrínsecamente relacionados para evitar la arbitrariedad".
"Solo un vínculo causal más estrecho entre las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias y determinados actos de malversación y corrupción podría justificar la aplicación de la amnistía a estos últimos", señala.
Añade, en este sentido, que "una definición más amplia y menos precisa de estos actos sería difícil de conciliar con el principio de igualdad ante la ley".
Efecto suspensivo de la ley
La Comisión de Venecia aplaude que se haya clarificado el efecto suspensivo de la aplicación de la ley que tendrá la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El dictamen definitivo destaca, a este respecto, que "las autoridades españolas han informado a la Comisión de que la exclusión del efecto suspensivo no se aplica al procedimiento ante el Tribunal Constitucional, de modo que la ley de amnistía "no puede interpretarse de manera que prive a la revisión judicial del proyecto de ley de amnistía de cualquier efecto práctico".
Comisiones de investigación
El dictamen también aborda la constitución de comisiones parlamentarias de investigación con las que los grupos independentistas pretenden investigar la actuación de jueces en procesos que califican de 'lawfare' (guerra judicial), como el 'caso Pegasus' o la 'operación Cataluña'.
La Comisión de Venecia recuerda que el objetivo principal de las comisiones de investigación parlamentarias es supervisar y controlar la labor del poder ejecutivo.
Por ello, recomienda que estas comisiones de investigación "no reciban el mandato de convocar, ni siquiera de invitar a los jueces a informar, en particular sobre el fondo de sus casos".
Reacciones políticas
El informe ha despertado reacciones diametralmente opuestas. El Gobierno considera que ratifica su "aval" a la ley; y el Partido Popular, que supone "un nuevo varapalo" para el Ejecutivo.
Frente a este conflicto de opiniones, el representante de la ponencia, Martin Kuijer, ha evitado decantarse. Al ser preguntado directamente sobre si el informe avalaba o no la nueva norma, ha respondido que a este órgano consultivo no le corresponde responder esa cuestión y que es algo que atañe a los actores políticos españoles.
Sin embargo, el Gobierno sí ve un claro aval en el dictamen y recalca que en este se reconoce que todos los paises analizados pueden aprobar amnistías, aún sin contar con previsión constitucional, y que, en cualquier caso, la ley española no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes.
"La ley es legítima para buscar la reconciliación", destaca el Ejecutivo, y además añade que tumba "la principal mentira del PP" refiriéndose a la defensa de los populares de tener que reformar constitucional para aprobar una ley de este tipo.
De la misma manera, desde el PP señalan, por su parte, que el dictamen "evidencia las mentiras del PSOE". Aseguran que la Comisión de Venecia "saca los colores a Sánchez" y sostienen que "vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial".
