El exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio del llamado caso Kitchen.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento, en el que quien fuera número dos del ministerio niega que, desde su departamento, se coordinase una "operación parapolicial" destinada a robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
"Mi mandante no impartió ni recibió instrucción alguna ni tuvo conocimiento de ninguna operación parapolicial llamada Kitchen, realizada con fines espurios o dirigida a destruir pruebas de ningún procedimiento", reza el escrito de defensa, firmado por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez.
"Es totalmente incoherente sostener que existió una operación parapolicial cuando lo que existe en el sumario son informes almacenados en las bases de datos oficiales, partes de seguimiento y vigilancia debidamente registrados y, en definitiva, la acreditación documental de todas las actuaciones operativas que se presumen desviadas de su finalidad legítima. En ninguno de tales documentos participa de ninguna forma mi patrocinado, ni consta su firma, autorización o conocimiento", añaden.
A renglón seguido, relatan que Martínez, como secretario de Estado de Seguridad, no tuvo "ninguna competencia para decidir sobre la idoneidad de los colaboradores policiales ni debe autorizar o denegar tal condición, ni puede hacerlo, ni tiene siquiera que conocerlo".
Imagen de archivo de Martínez junto a Jorge Fernández Díaz.
Kitchen es una de las múltiples piezas —concretamente, la número 7— que componen el llamado caso Villarejo. En ella se ha investigado el supuesto espionaje a Luis Bárcenas cuando estalló el caso Gürtel por parte del Ministerio del Interior, encabezado, entonces, por Jorge Fernández Díaz, otro de los investigados.
En esta operación también habría participado el excomisario José Manuel Villarejo, que habría captado para la trama, mediante fondos reservados, a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y de su familia. También, a cambio de sus favores como informante, habría mediado para conseguirle una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía.
[Confirmada la imputación del ex nº2 de Interior por las presiones al abogado de Bárcenas en 2013]
Sin embargo, en su escrito de defensa, Martínez niega que la secretaría de Estado de Seguridad tuviese que autorizar estos pagos o dar el vistobueno a los confidentes policiales. "Tales decisiones se adoptan en el plano estrictamente operativo y en ningún caso requieren la autorización previa de ningún órgano superior o directivo del Ministerio [del Interior]", relata el documento.
Es por ello que, de cara al juicio, la defensa de Francisco Martínez solicita a la Audiencia Nacional que ordene a la Secretaría de Estado de Seguridad que "remita toda la información relativa a la contabilidad de los fondos reservados en el período comprendido entre enero de 2013 y noviembre de 2016". ¿Para qué? "Al objeto de disipar cualquier duda sobre el nivel de conocimiento y control que sobre tal materia corresponde al titular de la Secretaría de Estado". Con el mismo objetivo, también solicita que sea citado como testigo en el juicio Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior.
Bárcenas, en una imagen de archivo.
De hecho, la defensa de Martínez se queja de la "contaminación política" que ha sufrido el caso Kitchen. Y, por tanto, él, en sus propias carnes. Fue, precisamente, Marlaska quien, en el Congreso de los Diputados, cargó contra "aquellos que sustraían o trataban de sustraer pruebas de corrupción para evitar la acción de la Justicia".
El PSOE, Podemos e Izquierda Unida ejercen la acusación popular en esta pieza, a la par que promovieron una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los hechos investigados.
Testigos
Además de Marlaska, Martínez pide que sean citados como testigos: Ignacio Stampa (uno de los dos fiscales del caso Villarejo, apartado de la causa), el empresario Francisco Menéndez, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el comisario Enrique Barón y varios inspectores de Policía Nacional.
Asimismo, Frago y Suárez critican que la denuncia que dio origen al caso Villarejo, lejos de ser anónima, como se hizo creer en un inicio, llevaba la firma de David Rodríguez Vidal, autodenominado colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La defensa de Martínez, de hecho, también pide que sea citado en el juicio.
El escrito de defensa del ex número dos de Interior, en definitiva, resume que "los hechos investigados no constituyen delito alguno" y tacha de "temeraria" la tesis de las acusaciones, para las que pide que sean condenadas en costas. Si resulta condenado, Martínez solicita que se le aplique la atenuante de dilaciones indebidas.