Francisco Marín recibe a los alumnos del CEIP Pablo Picasso, de Madrid, el pasado 26 de octubre durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Tribunal Supremo./

Francisco Marín recibe a los alumnos del CEIP Pablo Picasso, de Madrid, el pasado 26 de octubre durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Tribunal Supremo./ CGPJ

Tribunales JUSTICIA

Tres de los cinco presidentes de Sala del TS están ya en funciones: Marín termina su mandato

El magistrado ejercerá interinamente a partir de ahora y hasta noviembre tanto la presidencia de la Sala Civil como la del propio Tribunal Supremo.

25 marzo, 2024 02:31

Francisco Marín, hasta ahora presidente titular de la Sala Civil del Tribunal Supremo, ejerce ese puesto en funciones desde el pasado día 15, cuando terminó el mandato de cinco años para el que fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial.

Con él ya son tres los presidentes de Sala del alto tribunal que ocupan interinamente el cargo, dado que las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social tampoco tienen presidente titular.

Solo Manuel Marchena, al frente de la Sala Penal, y Jacobo López Barja de Quiroga, presidente de la Sala de lo Militar, tienen vigentes sus mandatos. El primero lo terminará el próximo noviembre y el segundo, en octubre de 2025.

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La finalización del mandato de Marín en la Sala Civil acentúa la precariedad en la que se encuentra en este momento la cúpula judicial. Sus vacantes no pueden ser cubiertas desde marzo de 2021, cuando el PSOE promovió la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga.

Los socialistas no están dispuestos a que un Consejo de mayoría conservadora que debió haber sido renovado en diciembre de 2018 siga designando a los altos cargos judiciales. Y están dejando acumularse las vacantes - tanto en el Supremo como en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales- a la espera de tener en el próximo CGPJ una mayoría suficiente para ejercer su influencia en esos nombramientos judiciales.

Por el motivo inverso -no dejar controlar los nombramientos a un futuro CGPJ en el que los vocales designados por el PSOE tengan la mayoría-, el Partido Popular está bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y lo seguirá haciendo, aseguran fuentes de Génova, hasta que el PSOE acceda a pactar las bases de un cambio de modelo en el que los 12 vocales que deben proceder de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces, como establecen los estándares europeos.

No obstante, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no quiere ni oír hablar de que las fuerzas parlamentarias pierdan el poder de designar a los 20 vocales.

En ese escenario, en el que ni el PSOE ni el PP se mueven de sus líneas rojas, es previsible un negro desenlace de la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en la renovación del CGPJ, pendiente de una última reunión en los próximos días.

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Mientras tanto, el Tribunal Supremo hace encaje de bolillos para solventar la situación, encandenando el desempeño en funciones de los cargos que no pueden ser cubiertos con magistrados titulares.

Marín continuará presidiendo la Sala Civil, aunque por pocos meses más, ya que se jubila el 10 de noviembre. En ese momento, si nada ha cambiado, asumirá la presidencia de la Sala, también en funciones, el magistrado más antiguo, Ignacio Sancho.

Al mismo tiempo, Marín seguirá desempeñando durante los próximos ocho meses, igualmente en funciones, la presidencia del Tribunal Supremo, que asumió el 13 de octubre de 2022, tras la dimisión de Carlos Lesmes.

Ante la finalización del mandato de Marín como presidente de la Sala Civil, el pasado 19 de febrero la Sala de Gobierno del TS debatió la situación y decidió que continúe hasta su jubilación al frente del Supremo. Así que Francisco Marín ya desempeña en funciones dos cargos y los que se derivan de ellos, en particular, la propia presidencia de la Sala de Gobierno y la presidencia de las Salas de Conflictos de Jurisdicción y de la Sala del 61.

El pasado día 7 la Comisión Permanente del CGPJ tomó nota del acuerdo de la Sala de Gobierno y lo declaró “conforme a la legalidad”.