Una y otra vez, a lo largo de casi 190 folios, el excomisario José Manuel Villarejo se presenta como una víctima del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión, lo hace en el escrito de defensa que ha enviado a la Audiencia Nacional para el juicio del caso Kitchen, centrado en el supuesto espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, al que apenas se menciona tangencialmente en dos ocasiones.
Villarejo, además, solicita que declaren como testigos en la vista oral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su antecesor en la Moncloa, Mariano Rajoy, la exministra de Justicia y antigua fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el antiguo jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El escrito, fechado el pasado 14 de marzo y que avanza EL ESPAÑOL, cuestiona que el caso Kitchen deba juzgarse en la Audiencia Nacional. Su abogado, Antonio García Cabrera, propone que sea enjuiciado en la Audiencia Provincial de Madrid.
En todo caso, niega que el expolicía haya cometido ninguno de los delitos que se le atribuyen en esta pieza separada (denominada Kitchen, es la número 7 de las tantas que componen la macrocausa). Y critica que esta rama de la investigación "no guarde relación" con el origen del caso, que no es otro —subraya el escrito— que los negocios privados de Villarejo mientras era policía, y que podían ser incompatibles con su función pública, de la que se habría aprovechado para facturar.
Por ello, su letrado considera que "se vulneró el derecho fundamental a la intimidad" del excomisario, "siendo nulas todas las pruebas" obtenidas durante los registros de la vivienda de Villarejo que sean ajenas al origen del caso. Entre ellas, las miles y miles de horas de grabaciones que el expolicía atesoró durante décadas.
¿Y cuál es el origen del caso Villarejo? La investigación se inicia cuando la Fiscalía Anticorrupción recibe una denuncia, supuestamente anónima, que fue elaborada por David Rodríguez Vidal, autodenominado colaborador del CNI. En ella se relataba el llamado Proyecto King, unas labores facturadas por José Manuel Villarejo a la dictadura de Guinea Ecuatorial.
Por ello, el abogado García Cabrera tacha de "nulos" los documentos intervenidos "que no tuvieran que ver con el Proyecto King y, especialmente, todos los hallazgos sobre hechos constitutivos de los delitos investigados en esta pieza separada [el caso Kitchen]".
Denuncia "fabricada"
En su escrito de defensa, Villarejo critica aquella denuncia presentada —"fabricada"— por Rodríguez Vidal. Y la enmarca en una estrategia orquestada por el CNI, que aparece mencionado 47 veces en el documento.
"Autorizó que se usara su nombre para fingir lo que sería un montaje, bajo la falsa apariencia de denuncia anónima", reprocha el escrito sobre Vidal. Por ello, la defensa de Villarejo tacha la causa judicial de "prospectiva". "No es posible atraer la competencia objetiva por hallazgos que nada tenían que ver con la investigación inicial", incide.
Menéndez, en la Audiencia Nacional, durante el juicio por la pieza 'King' del 'caso Villarejo'.
Según declaró en propio David R. Vidal, la documentación en la que fundamentó su denuncia la obtuvo de Francisco Menéndez, un empresario español vinculado a altos cargos del régimen ecuatoguineano y de la petrolera estatal Gepetrol.
Villarejo menciona en su escrito que, de hecho, fue él quien facilitó a Menéndez esos nexos con la dictadura africana en beneficio del CNI, pero que, posteriormente, el Centro Nacional de Inteligencia, encabezado por Sanz Roldán, optó por actuar contra él.
"Menéndez fue reclutado por José Manuel Villarejo para trabajar para los intereses estratégicos de España en Guinea Ecuatorial a cambio del perdón de sus delitos fiscales", señala el documento.
Asimismo el excomisario se queja de haber sufrido "la más atroz campaña de desprestigio a través de masivas filtraciones de la causa". Especialmente, durante los más de tres años que permaneció en prisión provisional.
Y reprocha que "numerosas y continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios y miembros del propio Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial han violado" su derecho a la presunción de inocencia. Entre ellas, cita declaraciones de Marlaska y de Pedro Sánchez.
"Por parte del señor presidente del Gobierno, quien, por el propio cargo que ostenta debería de abstenerse de hacer cualquier tipo de declaración pública, se ha llegado a afirmar que el señor Villarejo es un corrupto, chantajista (...), tras las grabaciones de
Corinna sobre el Rey", reza el escrito de defensa.
No hay delito
Sucintamente, el documento también expone que "no son ciertos los hechos" que le atribuyen a Villarejo las acusaciones en la pieza denominada Kitchen. Esto es, formar parte de un dispositivo orientado a espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y a robarle documentación que pudiese ser perjudicial para el partido. Entre otras acciones, la Fiscalía sostiene que el excomisario captó para la trama a Sergio Ríos, chófer, por entonces, de Bárcenas y su familia.
"José Manuel Villarejo no ha cometido los delitos objeto de acusación", reseña su abogado, "no conforme" con las penas solicitadas, "puesto que no existe delito alguno". Por todo ello, García Cabrera solicita "la libre absolución, con todos los pronunciamientos favorables", de su cliente.
La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de prisión para Villarejo por el caso Kitchen. Además del excomisario y Sergio Ríos, por esta causa, se sentarán en el banquillo de los acusados Jorge Fernández Díaz (exministro del Interior), Eugenio Pino (antiguo director adjunto operativo de la Policía Nacional) o Francisco Martínez (exsecrerario de Estado de Seguridad).