La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Santiago Pedraz de ceder a la Justicia de Guinea Ecuatorial la causa en la que están investigados un hijo del dictador de ese país y otros dos altos cargos de su Gobierno.
Así consta en un auto, fechado el pasado viernes y ponencia del magistrado Fernando Andreu. En el llamado caso Guinea o caso Obiang, Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por el supuesto secuestro de cuatro opositores políticos, que se habría cometido, además, mediante un avión oficial de la antigua colonia española.
Dos de las víctimas tenían DNI español y habían servido en las Fuerzas Armadas. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último, hace ya más de un año, murió en extrañas circunstancias en la cárcel guineana en la que estaba preso, después de que Pedraz autorizase a Ovono a viajar desde España a su país.
Pese a la identidad de los investigados y de las alertas de oenegés internacionales sobre la escasa limpieza institucional en Guinea, el pasado enero, Pedraz insistió en ceder a dicho país esta investigación. En una de sus resoluciones, aseguró que no tenía por qué dudar de la calidad de la Justicia ecuatoguineana.
Ahora bien, Andreu recuerda al juez que, en un caso como éste, la competencia para ceder la jurisdicción a otro país no la tiene el juzgado del que es titular Pedraz, sino la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior a los instructores. "Difícilmente podrá cederse algo de lo que se carece", señala el auto fechado el pasado viernes. Además, la Sala recuerda que no existe un tratado internacional con Guinea que avale la decisión que tomó el magistrado el pasado enero.
Los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.
El juez Santiago Pedraz en una imagen de archivo.
Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial incluido en el sumario de la causa señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles a Guinea.
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. En una resolución reciente, además, la Sala obligó a Pedraz a ordenar la detención de los tres imputados.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, todos ellos ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entre otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor MLGE3R, al que pertenecían los cuatro activistas que habrían sido secuestrados.
Dos de ellos eran españoles: Efa y Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una "represalia".
Represión fuera de Guinea
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
En sus informes, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Carmelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.
Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, en una imagen de archivo.
El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo en enero de 2023 y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.
Guinea no colabora
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.