La Justicia obliga a Defensa a conceder a dos altos mandos su deseo de seguir sirviendo a la OTAN

La Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio de Defensa a conceder a dos altos mandos del Ejército su deseo de seguir sirviendo a la OTAN, "en situación de servicios especiales". Así lo disponen sendas sentencias, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 y del número 10.

Una de las dos resoluciones da la razón a una comandante, que prestaba, desde el 3 de agosto de 2020, servicios en la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la organización atlantista y que solicitó prorrogar estas funciones más allá de los tres años previstos inicialmente. Y hacerlo "en situación de servicios especiales por razón de puesto". El Ministerio de Defensa, sin embargo, lo denegó.

Algo similar sucedió en el segundo caso. Se trata de un sargento primero del Ejército del Aire y del Espacio, destinado en el Grupo Aéreo Europeo, en la base de High Wycombe (Reino Unido), hasta el 31 de julio de 2023.

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Antes de esa fecha, aprobó el concurso-oposición libre y comenzó a servir en la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN. Posteriormente, le fue ofertado un puesto de técnico de ciberseguridad y análisis de criptomonedas de tres años de duración.

Por ello, en mayo de 2023, se dirigió a la Subsecretaría de Defensa, para solicitar que le fuera concedida la situación de servicios especiales, que le fue denegada. Ante esta negativa, este alto mando llegó a pedir una excedencia voluntaria para no perder dicho puesto.

La Ley 39/2007, de la Carrera Militar, recoge que los militares "con compromisos de larga duración" podrán ser declarados en situación de servicios especiales si se integran en el organigrama de la OTAN como parte de su personal estatutario.

La organización atlantista debe acreditar su interés en estos perfiles y el Ministerio de Defensa debe, no obstante, autorizar este proceso. Y esto último no sucedió ni en el caso de la comandante ni en el del sargento.

Servicios especiales

Las dos sentencias subrayan que "la normativa legal española es la que regula la vinculación del militar profesional con las Fuerzas Armadas" y la que contempla que sus miembros puedan acceder a la situación de servicios especiales "con la única exigencia de encontrarse en alguno de los supuestos previstos". "No se prevé, por lo tanto, un ámbito de discrecionalidad", reitera una de las resoluciones, la firmada por el juez Gregorio del Portillo.

En el caso del sargento, Defensa denegó su petición, argumentando que el puesto en la OTAN que solicitaba estaba previsto para los militares que hubiesen solicitado la excedencia voluntaria, como tuvo que acabar pidiendo el recurrente. La Justicia echa por tierra este argumento y subraya que el cargo al que aspiraba era "un puesto estatutario dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte", que se rige por la ya mencionada Ley 39/2007. Y dicha norma avala la pretensión del sargento.

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Por ello, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 le da la razón, aunque no condena a la Administración pública a pagar todas las costas del procedimiento, ya que "las cuestiones controvertidas no estaban exentas de amparo fáctico y jurídico, planteando dudas que justifican la interposición del recurso".

Los dos militares compartían abogado: el letrado Antonio Suárez-Valdés. La comandante también obtiene una victoria judicial y formará parte, en situación de servicios especiales, de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, en cuya sede de Luxemburgo estaba sirviendo desde 2020 como chief of office.

Sin embargo, en su caso, el Ministerio de Defensa sí le autorizó en junio de 2020 ser declarada en situación de servicios especiales. Pero cuando en 2023 la OTAN le ofreció continuar en ese cargo por otros tres años, no sucedió lo mismo. Al igual que el sargento, la recurrente se vio obligada a pedir la excedencia voluntaria para no perder su puesto en la organización atlantista.

"Una vez que dicha adquisición [la adquisición de la condición de personal estatutario de la OTAN] se produzca, la declaración del militar concernido [como] en situación de servicios especiales resulta obligada por ministerio de la ley y se mantendrá la misma todo el tiempo en que permanezca ocupando dicho puesto", concluye el juez Celestino Salgado.

A renglón seguido, el magistrado estima el recurso de la comandante, anula su excedencia voluntaria y la reconoce en situación de servicios especiales, "por razón de su puesto ocupado en la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN". En su caso, la Administración pagará las costas del procedimiento hasta un máximo de 600 euros.