La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado que el ciudadano colombiano Diego Marín Buitrago, conocido como el zar del contrabando o El Señor, siga en libertad provisional en España mientras espera su posible extradición.
El tribunal ha confirmado así la decisión del juez Ismael Moreno, que decidió el pasado 6 de abril que Buitrago quedase libre tras haber sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia, a petición de las autoridades de Colombia.
No obstante, el magistrado le impuso la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días, le retiró su pasaporte y le impidió viajar al extranjero sin autorización. Por el momento, Buitrago está cumpliendo dichas condiciones.
El arrestado tiene 62 años y nacionalidad española, pese a haber nacido en Colombia. Las autoridades de dicho país le consideran el líder de una red criminal y le reclaman por los delitos de organización criminal, contrabando y cohecho. A la espera de que se decida su entrega —a la que Buitrago se opone—, seguirá en libertad en España.
La postura del magistrado Ismael Moreno provocó la queja del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se expresó en contra a través de sus redes sociales. Antes, el mandatario sudamericano había agradecido a Pedro Sánchez la "colaboración" de nuestro país en la detención. Una vez supo que la Audiencia Nacional le dejaba en libertad, tachó esta resolución de "muy lamentable".
"Aun hablando con el presidente español y existiendo un tratado de extradición, que hemos cumplido cabalmente, la Justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico de Colombia", tuiteó Petro.
La Fiscalía, por su parte, impugnó la decisión del juez ante la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior al mismo. Pero su recurso ha caído en saco roto.
El tribunal basa su decisión en la voluminosa documentación que ha aportado la defensa de Buitrago, ejercida por el abogado Gonzalo Boye (el mismo que, por ejemplo, defiende a Carles Puigdemont en el caso Tsunami). El letrado, además, insistió en que su cliente "ejerce efectivamente la nacionalidad española", que "no la tiene por conveniencia", lo que, a su juicio, elimina el riesgo de fuga.
Además, Boye sostuvo que la extradición, en realidad, oculta "intereses particulares" y "motivos espurios" de determinados ámbitos de poder de Colombia, como "un sector de la política" del país.
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Atendiendo sus argumentos, la Sala indica en su resolución que "se desprende que estamos ante un ciudadano de nacionalidad española que ha venido ejerciendo dicha condición a lo largo del tiempo, tal y como acreditan sus informes de vida laboral desde 2009 y las declaraciones fiscales y censadas, entre otros documentos".
Asimismo, los magistrados subrayan que, "según la documentación aportada" por Boye "y sin perjuicio de posterior valoración", Buitrago "se puso a disposición de las autoridades colombianas a fin de que fuese interrogado por aquéllas de forma virtual (...) sin recibir contestación alguna al respecto". Los jueces tienen claro el "arraigo laboral, social y familiar" del detenido en España.
Fachada de la Audiencia Nacional.
La Sala, a su vez, recuerda que el arrestado entregó sus dos pasaportes (el colombiano y el español) y ya ha comparecido las dos veces requeridas en la Audiencia Nacional, "resultando insuficientes los argumentos esgrimidos por el fiscal en su recurso que justifiquen la modificación de su situación de libertad".
No obstante, si el llamado zar del contrabando modificase su comportamiento, el tribunal le recuerda que podría también cambiar su criterio y decretar su ingreso en prisión provisional.