Javier Gómez de Liaño, en una imagen de archivo.
El juez exonera a Villarejo, Pino y Paco Martínez de las presiones a Liaño cuando era abogado de Bárcenas
García-Castellón manda esta causa a un juzgado de Marbella, para que siga investigado, por coacciones, al resto de imputados.
8 mayo, 2024 16:17El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha archivado para José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Francisco Martínez la pieza del caso Villarejo en la que se investigaban las supuestas presiones sufridas por Javier Gómez de Liaño cuando era abogado de Luis Bárcenas, allá por 2013.
Así consta en una resolución, fechada este martes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Además, el juez de la Audiencia Nacional envía dicha causa a los juzgados de Marbella, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Gómez de Liaño responsabilizó del hostigamiento "al entorno del PP", partido del que Bárcenas había sido tesorero hasta la fecha, cuando acabó como investigado en el caso Gürtel, en el que luego sería condenado.
Según la versión de Liaño, dirigentes de la formación conservadora pretendían, mediante estas presiones, evitar que su entonces cliente tirase de la manta y perjudicase así al partido.
Interrogado por el juez, aseguró que María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de la formación conservadora, "no tenía especial intención de que la investigación de la Gürtel llegara a buen puerto".
De hecho, la Sala de lo Penal obligó a García-Castellón a citar a la también exministra, que declaró como testigo y negó haber planificado, junto a Villarejo, una estrategia de presión y hostigamiento contra quien era el letrado defensor de Bárcenas en el caso Gürtel.
¿Quién es Francisco Martínez? Era el número dos del Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno y Jorge Fernández Díaz encabezaba este departamento.
Martínez, en la Audiencia Nacional.
A petición de la Fiscalía, el juez le citó como investigado debido a que en las agendas de Villarejo aparecía la anotación de "Chisco" junto al nombre de Gómez de Liaño. Y ese apodo, a juicio del juez, aludía al nombre de Francisco Martínez, también llamado Paco de forma habitual.
No obstante, como recoge el instructor en su auto, "no consta" que quien fuera número dos de Interior "hubiera participado en ninguna actuación (...) dirigida a perturbar o condicionar la actuación profesional de Javier Gómez de Liaño en su condición de letrado de Luis Bárcenas (...) con la finalidad de que salieran informaciones que pudieran resultar perjudiciales para el Partido Popular". "Ninguna actuación en ese sentido se ha podido acreditar a lo largo de la instrucción", subraya el magistrado.
Otro de los nombres para los que García-Castellón archiva la causa es José Aliste. ¿Quién es? Se trata de un abogado, al que Gómez de Liaño mencionó en su declaración como perjudicado.
Aseguró que Aliste le ofreció sus "servicios" cuando defendía a Bárcenas. Y que, según le dijo, "tenía mucha mano con el DAO [director adjunto operativo de la Policía Nacional]", cargo que ocupaba en aquel momento Eugenio Pino, otro de los exonerados con esta decisión del juez.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, José Aliste también está imputado en el llamado caso Caranjuez, investigado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. En dicha causa, la juez indaga una supuesta trama que ofrecía servicios de protección a ex altos cargos del Gobierno venezolano en España a cambio de información sobre el partido Podemos.
Presiones del PP
En la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño narró al juez García-Castellón que cuando era abogado de Bárcenas se sintió vigilado por "el entorno" del Partido Popular y de María Dolores de Cospedal, que era secretaria general de la formación. A dicho "entorno" atribuyó una "serie de maniobras" y de "mensajes indirectos" encaminados a "desacreditar a Luis Bárcenas".
El letrado señaló que Cospedal, cuando ejercía dicho cargo, "no tenía intención de que [la investigación de] la Gürtel llegara a buen puerto". También manifestó que Luis Bárcenas pagó sus honorarios de forma legal, nunca mediante dinero negro. Y negó tener cuentas en Suiza.
Asimismo, el exabogado de Bárcenas relató que "alguien identificado como del CNI" ofreció "mucho dinero" a su secretaria a cambio de "pruebas" sobre la trama Gürtel. Habrían sido dos personas, que respondían a los alias de Pepe y Begoña.
María Dolores de Cospedal, en una imagen de archivo.
El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre este asunto, pero terminó archivada por falta de pruebas.
'Caso Kitchen'
En febrero de 2023, la Sala de lo Penal obligó a García-Castellón a reabrir esta investigación y, posteriormente, a citar a Cospedal como testigo. Sin embargo, este tribunal, encargado de revisar las decisiones del juez, se opuso a fusionar esta pieza 36 con el llamado caso Kitchen —la pieza 7 del caso Villarejo—, ya que su instrucción estaba muy avanzada y rozaba el juicio.
En Kitchen se investigó el supuesto dispositivo parapolicial, coordinado desde el Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, para sustraer a Bárcenas documentación perjudicial para el Partido Popular.
Bárcenas, en una imagen de archivo.
De hecho, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en el caso Kitchen, reveló que el dispositivo parapolicial espió el despacho de Gómez de Liaño.
Por esta trama, previsiblemente, se sentarán en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo y el exchófer de la familia Bárcenas Sergio Ríos.
García-Castelllón menciona el caso Kitchen en su auto fechado este miércoles. Lo hace, de hecho, para desvincularla de los hechos investigados en la pieza 36. Por ello, acuerda que sea un juzgado de Marbella el que continúe investigando al resto de imputados: Salit Sahitaj, Juan Ramón Díaz Moro, José Luis Moreno Cela y Mónica Gil Manzano, por un supuesto delito de coacciones, que es ajeno a las competencias de la Audiencia Nacional.
La causa, a Marbella
En efecto, fue un juzgado de instrucción de Marbella el que comenzó investigando las supuestas presiones al entonces abogado de Bárcenas. El mismo que, ahora, continuará investigando el asunto.
La causa se inició después de que en un registro en el domicilio de dos personas —Halit Sahitaj y Jana Kleiner— se encontrasen cuatro archivos de audio.
"[Aquellas grabaciones] pondrían de manifiesto (...) un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado (...), que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario [Gürtel]", recogió la Fiscalía en un escrito.
Los archivos fueron enviados en 2014 a una dirección de correo electrónico propiedad de Gómez de Liaño. La Policía los analizó y señaló a tres personas como los interlocutores, que siguen como investigados: José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro. Gómez de Liaño aseguró ante el juez que no conoce a ninguno de ellos.
