La Sala ordena al juez interrogar a 3 etarras por el asesinato sin resolver de dos policías en 2003

En él, fueron asesinados, mediante un coche-bomba, dos agentes que expedían DNIs en una oficina de la localidad: Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández. Éste es uno de los 378 crímenes cometidos por ETA que aún está sin resolver.

En una resolución fechada el pasado 6 de mayo, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el tribunal también plantea al juez Francisco de Jorge si le resulta "pertinente y útil" oír en declaración a dos testigos protegidos, exetarras arrepentidos, sobre el funcionamiento de la banda.

Se trata de las dos personas cuyos testimonios, por ejemplo, han sido útiles para procesar a los jefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco.

Fue la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) la que solicitó a la Sala que revocase la decisión del juez de finalizar la instrucción sobre el atentado de Sangüesa. Y así lo ha acordado ahora el tribunal, que reprocha que, pese a que  las declaraciones de Lizarribar, Aguirresaroba e Itxaso Zaldúa estaban previstas, no llegaron a producirse. El único que fue citado es Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe.

Pese a ello, el Juzgado Central de Instrucción número 1, el pasado enero, declaró concluida la investigación y, al tratarse de un sumario —la modalidad en la que se instruyen determinados delitos graves, como los de terrorismo— lo elevó a la Sala de lo Penal para que autorizaran esta decisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, solicitó el archivo de esta causa, al igual que los familiares de los agentes asesinados.

Un informe policial, fechado el 13 de septiembre de 2023, exculpa a los jefes de ETA de este atentado. No obstante, sus conclusiones señalan que "habría indicios que relacionarían a los investigados Miren Itxaso Zaldúa y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe con el atentado de Sangüesa", recuerda ahora la Sala.

La primera no declaró como investigada. El segundo, en efecto, sí lo hizo. El 7 de noviembre de 2023, el Ministerio Fiscal responde al Juzgado y considera que la citación de más investigados tendría "escaso valor". En enero de 2024, el magistrado De Jorge concluye la instrucción sin procesar a ninguno de los imputados.

Aquella resolución judicial indicaba que "procede aceptar la valoración que hace el informe de Inteligencia de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional (...) en el sentido de que no puede atribuirse participación material [de dos etarras investigados como supuestos autores de la explosión]".

Asimismo, en sintonía con la Fiscalía, el juez instructor subrayaba que el atentado investigado se enmarcaba en "la acción terrorista contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, colectivo que, desgraciadamente, se erigía como víctima habitual de las acciones de la organización terrorista ETA".

A renglón seguido señalaba que, tal y como recogen varios informes policiales, los ataques a agentes no eran planificados y coordinados por la cúpula de la banda, como sí lo eran los dirigidos contra políticos, considerados "objetivos especiales". Por tanto, los miembros del comité directivo de la banda tampoco fueron procesados.

"Sólo en el caso de que los atentados se cometiesen contra objetivos especiales, la dirección de la organización terrorista debería dar su autorización, sin que las víctimas de este suceso criminal [el atentado de Sangüesa en 2003] formaran parte de esos objetivos especiales", añadía.

El informe de la CGI, además, planteaba dudas sobre la autoría del ataque investigado. Por todos estos motivos, el juez De Jorge finalizó su instrucción sin procesar a ninguna persona.

Ahora bien, las acusaciones populares (Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo) pidieron revocar el fin de la instrucción y que fuesen citados como investigados  Jon Lizarribar Lasarte, Gurutz Aguirresaroba Pagola y Miren Itxaso Zaldúa, cuyas declaraciones estaban previstas pero no se llegaron a producir.

La Sala, además, también atiende la petición de DyJ de añadir a la causa el testimonio de los dos etarras arrepentidos, que declararon como testigos en el caso en que se investiga el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, ocurrido en 1995.