"Ni un euro fue al 1-O": el exministro Montoro (PP), coartada de Puigdemont en el Tribunal de Cuentas

Ésas serían las cuantías de los fondos públicos que el Gobierno catalán de Puigdemont utilizó para financiar el referéndum ilegal del 1-O. Un delito de malversación que el Tribunal Supremo declaró probado en el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras y tres consejeros, pero por el que el expresidente, que se dio a la fuga, no ha sido juzgado.

"Es imposible determinar la cuantía de unos hechos que simplemente no existen, o no podían existir estando la Generalitat intervenida por el Ministerio de Hacienda, o si existieran sería en función de las competencias y el funcionamiento ordinario y legal de la Generalitat de Catalunya", afirma el defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye, en el escrito de conclusiones presentado este viernes en el Tribunal de Cuentas. Ni una mención a la amnistía, que también extendería sus efectos a este procedimiento.

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"No se ha demostrado que ninguna cantidad fuera desviada o destinada a la organización o promoción del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017", sostiene el escrito.

"Quien lo explicó de forma clara y concisa fue el último responsable de las cuentas de la Generalitat en esas fechas, el ministro Montoro, que en sesión parlamentaria de 31 de agosto de 2017 dejó claro que 'ni un euro del presupuesto de la Generalitat ha ido destinado a financiar partidas que ya han sido declaradas inconstitucionales'”.

De la clarividencia del ministro da fe la frase que añadió: “Con toda seguridad, no va a haber referéndum, porque no hay presupuesto".

Y para determinar el acierto de sus aseveraciones basta con echar un ojo a la sentencia del Tribunal Supremo, que puso de manifiesto la "desesperada lucha" de los miembros del Gobierno de Puigdemont para "sustraerse a toda posibilidad de control financiero por el Estado".

En esa estrategia, se avocó en Junqueras y en los consejeros la obligación de información y certificación de gastos que les impuso en julio de 2017 el Gobierno central, obligación que llegaron a dejar de cumplir en septiembre, unas semanas antes de referéndum ilegal.

Y, cuando volvieron a comunicar los gastos, la realidad fue que "el control podía no ser absoluto sobre las cuentas de la Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar
aquello que la Administración catalana enviaba", declaró el Supremo. La información remitida era, además, "incompleta e inexacta".

Cuestión penal previa

Puigdemont niega, de todas formas, que la sentencia del Tribunal Supremo le sea aplicable. "Seguimos manteniendo que nos encontramos ante una prejudicialidad penal", afirma. "Existe una clamorosa cuestión previa penal que hace inviable resolver sobre posibles responsabilidades contables que pudieran atribuirse a Puigdemont, sin que antes haya sido resuelto en vía penal", argumenta.

El escrito se fija en las diferencias entre las demandas del fiscal y de Sociedad Civil Catalana. Esta última ha incluido la responsabilidad contable por gastos como el de la empresa Unipost, que iba a distribuir las papeletas y sobres de la votación, respecto a los que la Fiscalía sostiene que "no hubo prestación y no hay posibilidad de reclamación alguna”.

El Ministerio Público sí demanda a Puigdemont por gastos como las aplicaciones informáticas de la votación o la acción exterior (viajes, gastos de las delegaciones y actividades del organismo Diplocat por importe de 2.209.503 euros).

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Pero, según la defensa del expresidente catalán, "todas estas atribuciones de responsabilidad se efectúan sin determinación alguna de la responsabilidad concreta de Puigdemont, sino subsumiéndolo en un grupo compartido de responsabilidad bajo una justificación que consideramos errónea, no ajustada a Derecho".

"Apuntar a una 'participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios' genéricamente requiere de una concreción mayor que la que se puede derivar del hecho de que alguien ostente la representación máxima de un país [sic], lo cual no le hace responsable automáticamente de todo lo que bajo su mando se produzca supuestamente de forma irregular", afirma.

Según la defensa, el Ministerio Fiscal y Sociedad Civil Catalana "siguen sin determinar la responsabilidad contable concreta" de Puigdemont.

A su parecer, la explicación está en el "constante tono criminalizador de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat" relacionadas con el independentismo.