El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que sea la Audiencia Nacional (AN) la que juzgue a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, por, supuestamente, haber blanqueado dinero a la red del narcotraficante Sito Miñanco, otro de los clientes del letrado.
El tribunal rechaza así el recurso de casación que presentó Boye contra la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmada luego por su Sala de Apelación, que ordenaba que fuese juzgado por este organismo jurisdiccional. la Audiencia Provincial de Madrid.
El letrado chileno argumentó que la AN no era competente para enjuiciarle, ya que la investigación en su contra se había tramitado como una pieza separada en la causa principal, que versa sobre la red de narcotráfico de Miñanco. Y, a juicio de la defensa de Boye, los delitos de los que se acusa a uno y a otro no son conexos, por lo que no deberían ser enjuiciados de forma conjunta. Por todo ello, solicitaba que la causa en su contra fuese derivada a la Audiencia Provincial de Madrid.
No obstante, el TS, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, rechaza esta tesis. De hecho, indica la resolución que "es difícil de encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula al delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas que constituye su precedente".
El fallo del Alto Tribunal explica que la competencia de la Audiencia Nacional "se extiende a los delitos conexos y, desde luego, entre los delitos imputados en la presente causa (tráfico de drogas y blanqueo de capitales) existe una relación inescindible que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado". Por todo ello, la Sala Segunda del TS concluye que la Audiencia Nacional es el tribunal competente para juzgar al abogado chileno.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la defensa de Boye presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmara el procesamiento del letrado de Puigdemont, de cara a que fuese juzgado en ese órgano, por la Sala de lo Penal la AN, por un supuesto delito de blanqueo.
La Fiscalía Antidroga, además, acusa a Boye de haber presentado documentación falsificada para desbloquear el dinero que le fue intervenido en el Aeropuerto de Barajas a la red de Sito Miñanco, cuyo nombre real es José Ramón Prado Bugallo.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que Gonzalo Boye habría tratado de recuperar un dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017 a la red de Prado Bugallo.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa al chileno de "un delito de blanqueo de capitales, cometido en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial". El procesado niega todas estas acusaciones.
'Operación Mito'
Prado Bugallo fue detenido en 2018 en la llamada Operación Mito, que frenó su intención de, supuestamente, introducir cuatro toneladas de cocaína en España.
La causa judicial que se inició al respecto se separó en dos piezas: una primera, sobre el supuesto delito de salud pública, y una segunda, sobre el blanqueo, en la que fue procesado Gonzalo Boye.
La Fiscalía Antidroga también acusa al celebrérrimo narcotraficante gallego de haber creado un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos de sus negocios ilegales. Y de éste —a juicio de la Fiscalía— formaría parte Gonzalo Boye, quien habría tratado de recuperar el dinero intervenido al grupo en Barajas.
El auto de procesamiento señalaba que Boye, entre otros, habría presentado documentación manipulada, "consciente de su carácter ficticio", ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), cobrando por ello.
También, siempre según dicha resolución, habría tratado, junto a otro letrado, de "justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido".
Gonzalo Boye
Aparte de ser abogado de Miñanco y de Puigdemont, Boye también lo es del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y de la exconsellera fugada de la Justicia Clara Ponsatí. También ejerció la acusación popular en el caso de los papeles de Bárcenas y fue letrado del expresindent catalán Quim Torra, del cantante César Strawberry y del exjefe etarra Josu Ternera.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el letrado, nacido en Chile en 1965, ha participado activamente en las negociaciones para la elaboración de la ley que, previsiblemente, amnistiará el procés catalán.