El juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, ha suspendido sine die la declaración como investigada de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Así consta en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El interrogatorio estaba previsto para este 22 de mayo, pero, finalmente, no tendrá lugar este miércoles. Rovira, que reside en Suiza desde hace varios meses, está investigada por un supuesto delito de terrorismo. El Juzgado le había permitido declarar por vídeoconferencia.
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En el llamado caso Tsunami Democràtic, García-Castellón, investiga las acciones violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre a la causa.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Marta Rovira era una de las principales voces que se encontraba detrás de Tsunami, que convocó en 2019 concentraciones en protesta contra la condena de los líderes del procés. Aquellos actos desembocaron en graves altercados, en los que fueron heridos de gravedad varios agentes.
Otro de los actos que investiga la Audiencia Nacional es el asalto al Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, que fue tomado por miles de radicales independentistas en octubre de aquel año.
Puigdemont
Otro de los imputados en el caso Tsunami es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña hasta la convocatoria del referéndum ilegal de 2017 (hechos que dieron lugar a la condena, por parte del Supremo, de los líderes del procés). No obstante, es el Alto Tribunal el que asumió la investigación en su contra, ya que está aforado, al ser miembro del Parlamento Europeo.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca de Miguel Ángel Carballo, quien se ha enfrentado duramente al juez García-Castellón, descarta que los hechos investigados puedan ser considerados como un delito de terrorismo. De hecho, el fiscal pretende que la causa sea derivada a un juzgado ordinario de Barcelona.
Asimismo, el llamado caso Tsunami Democràtic podría verse afectado por la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, redactada ad hoc para la situación procesal de Carles Puigdemont.