Dos de los policías que fueron gravemente heridos durante los disturbios organizados por Tsunami Democràtic han solicitado al juez Manuel García-Castellón que ordene detener a los investigados en esta causa que, pese a estar citados para declarar, no lo han hecho.
Así consta en un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el despacho Fuster-Fabra Abogados, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En el documento, la defensa de ambos agentes pide la detención de Xavier Vendrell, Josep Campajó, Oleguer Serra Boixaderas, Jesus Rodríguez Selles y Jaume Cabani.
Concretamente, solicitan al magistrado que dicte una orden de busca y caputura internacional, ya que varios de ellos residen en el extranjero. El empresario y expolítico Vendrell, por ejemplo, está actualmente en Colombia y el periodista Rodríguez Selles se trasladó recientemente a Suiza.
Todos ellos estaban citados a declarar este miércoles. Sin embargo, no comparecieron. Tan sólo lo hizo —por videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona— Marta Molina, otra de las imputadas, que desempeña el cargo de secretaria de Movimientos Sociales de ERC.
El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, arropa a Marta Molina a su llegada a los juzgados.
Por otro lado, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, García-Castellón pidió a la Fiscalía su opinión sobre la posible detención de los investigados que no comparecieron. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, rechazó solicitar su arresto. Pidió al Juzgado que volviera a citarles a declarar y permitiese que los interrogatorios se celebrasen por videoconferencia, sí así lo solicitan los abogados defensores.
'Caso Tsunami Democràtic'
El llamado caso Tsunami Democràtic gira en torno a las protestas violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre a la causa. Entre otros hechos, se investiga el asalto al Aeropuerto de El Prat, ocurrido en octubre de 2019 como protesta contra la condena a los líderes del procés independentista.
Algunas de las acciones que convocó Tsunami ese año desembocaron en graves altercados, en los que fueron heridos varios agentes. Entre ellos, los dos policías que solicitan la detención de los investigados que no comparecieron.
Otro de los imputados en el caso Tsunami es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña hasta la convocatoria del referéndum ilegal de 2017 (hechos que dieron lugar a la condena, por parte del Supremo, de los líderes del procés). No obstante, es el Alto Tribunal el que asumió la investigación en su contra, ya que está aforado, al ser miembro del Parlamento Europeo.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca de Miguel Ángel Carballo, quien se ha enfrentado duramente al juez García-Castellón, descarta que los hechos investigados puedan ser considerados como un delito de terrorismo. De hecho, el fiscal pretende que la causa sea derivada a un juzgado ordinario de Barcelona.
Asimismo, el llamado caso Tsunami Democràtic podría verse afectado por la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, redactada ad hoc para la situación procesal de Carles Puigdemont.
Por su parte, la asociación constitucionalista Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación popular en esta causa, también ha solicitado a García-Castellón que dicte una orden de detención internacional contra los investigados que no han comparecido, pese a estar obligados a ello.
Otros imputados en esta causa son Marta Rovira, secretaria general de ERC; el empresario Oriol Soler y Josep Lluis Alay, jefe de gabinete de Puigdemont. Ninguno de ellos compareció este miércoles. Pero, en su caso, el juez sí había autorizado aplazar sus interrogatorios por diversos motivos.