Isabel Rodríguez, fiscal del Tribunal Supremo.

Isabel Rodríguez, fiscal del Tribunal Supremo. EP

Tribunales

García Ortiz repite una votación del Consejo para evitar al fiscal que recurrió contra Delgado

La Asociación de Fiscales critica la forma en la que el fiscal general ha ejecutado el fallo que apreció desviación de poder en el ascenso a fiscal de Sala de su antecesora.

29 mayo, 2024 20:28

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha anunciado hoy al Consejo Fiscal que propondrá al Gobierno el nombramiento de la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez Mateo como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal.

Rodríguez Mateo presentó su candidatura a esa plaza cuando fue convocada en agosto de 2022. Pero en aquella primera ocasión García Ortiz propuso a su antecesora, Dolores Delgado, que obtuvo cinco votos frente a los seis votos de Luis Rueda.

El nombramiento de Delgado fue anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el pasado noviembre en la que apreció desviación de poder en la propuesta del fiscal general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó "la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza". 

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García Ortiz ha llevado este martes al Consejo Fiscal la ejecución de ese fallo de un modo que, según la mayoritaria Asociación de Fiscales, es tan incorrecta que sus seis vocales no han participado en la votación.

Los consejeros de la AF han explicado en un comunicado a la carrera que la ejecución del fallo del Supremo "se limita exclusivamente a la propuesta del fiscal general", sin que el alto tribunal haya extendido ese efecto al trámite de informe del Consejo Fiscal previo a dicha propuesta.

De este modo, a su juicio, seguían concurriendo a la plaza los mismos candidatos que fueron considerados en la reunión del Consejo del 22 de septiembre de 2022, cuando fue propuesta Dolores Delgado en minoría. En aquella ocasión, Isabel Rodríguez Mateo no recibió ningún voto.

Opciones

La Asociación de Fiscales considera que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo ha colocado al fiscal general en la tesitura de tener que optar por proponer a la misma candidata, Dolores Delgado, o, en caso de entender que no subsisten los motivos que tuvo en consideración entonces, elevar la propuesta de nombramiento del candidato que contaba con el informe a favor de los vocales de AF, Luis Rueda, o la propuesta de cualquiera de los otros candidatos que no habían recibido informe a favor de ningún vocal.

"Pero lo que en ningún caso ordena la sentencia del Tribunal Supremo es que se repita ninguno de los previos trámites del procedimiento, perfectamente cumplimentados, para que el fiscal general del Estado pueda contar con una nueva ronda de informes de los vocales que sirvan de sustento a la nueva propuesta efectuada", añade.

En contra de este criterio, el fiscal general ha vuelto a someter a votación la cobertura del cargo, lo que ha permitido que los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales, la teniente fiscal y la jefa de la inspección hayan apoyado el nombramiento de Isabel Rodríguez.

De haber limitado su nueva propuesta a los dos únicos candidatos que recibieron algún apoyo en 2022, García Ortiz hubiera tenido que volver a proponer a Delgado -lo que era dificultoso a la vista de las consideraciones del Supremo- o apoyar a Rueda, que fue el que, con su recurso, dio lugar al varapalo del alto tribunal.

La tercera opción era sacar adelante el nombramiento de Rodríguez Mateo con cero votos del Consejo.

La azarosa cobertura de la plaza es ajena a los méritos de la fiscal propuesta, que ingresó en la carrera en 1985 y en 2011 fue
nombrada fiscal del Tribunal Supremo, primero en la sección Social y,
a partir de 2015, en la sección penal.

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Desde su primer destino en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, ha estado también en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas, entre 1998 y 2005.

En ese año fue nombrada inspectora fiscal de la Fiscalía General del Estado.

En 2020 participó en la Comisión de expertos para los trabajos
preparatorios del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa.

Uno de los casos más relevantes en los que ha intervenido ha sido el de La Manada, la violación grupal de la que fue víctima una joven en Pamplona durante los Sanfermines 2016.

Su tesis de que se trataba de una agresión sexual, y no de un mero abuso, fue avalada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, que elevó la pena impuesta a los integrantes de La Manada.