Un alto cargo de Hacienda sirvió de "interlocutor" entre Adif, Puertos y la trama del caso Koldo

En Transportes Fuentefría ejerció como director general de Organización e Inspección desde julio de 2018 a febrero de 2022. Desde entonces ocupa el puesto de director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las órdenes de María Jesús Montero. 

La Guardia Civil afirma que, tal y como ha quedado reflejado en la investigación, la interlocución entre Transportes y los entes dependientes de Adif y Puertos del Estado recayó en Fuentefría. El juez Ismael Moreno ha reclamado una copia de los correos electrónicos tanto del actual cargo en Hacienda como del que era su superior entonces, el subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García. 

Esta decisión del magistrado de la Audiencia Nacional llegó tras conocer las conversaciones vía email que mantuvieron tanto Gómez García como Fuentefría sobre los contratos de Soluciones de Gestión. Esta empresa está siendo investigada por pagar supuestamente comisiones a Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, vinculados a las adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Desde Anticorrupción

Fuentefría fue fichado por Ábalos para el Ministerio de Transportes desde la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.  

Actualmente, también es consejero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por su puesto como director general de Presupuestos. Durante los últimos casi 30 años ha ocupado distintos puestos en las áreas de presupuestación y del control de la gestión económico financiera del sector público.

Según las investigaciones de la UCO, Fuentefría mantuvo el control de seguimiento de los contratos investigados con Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, y Michaux Miranda, director general de Personas de Adif. 

La UCO indica en su informe que Fuentefría dio instrucciones a Álvaro Sánchez Manzanares sobre cómo proceder "en lo relativo a la publicación de la orden que facultaba la compra de mascarillas", así como para "el posterior pago de las entidades que recibían el material sanitario" y "sobre algunos aspectos técnicos de la contratación de Soluciones de Gestión". 

Presentó la oferta de la trama

Los investigadores también ponen de manifiesto que Fuentefría fue el que "dio traslado a Álvaro Sánchez Manzanares y Puertos del Estado de la oferta" de la empresa de la trama. Si bien, según señala la UCO, el original de esa comunicación proviene de un correo electrónico enviado desde la secretaria del subsecretario de Transportes. 

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el número tres de Transportes hizo de "correa de transmisión" entre la trama y "la esfera del ministro Ábalos". La Guardia Civil también señala que Gómez García mintió en su declaración y que ejerció un "rol clave" para que se contratara a la compañía del empresario Juan Carlos Cueto y del comisionista Víctor de Aldama. 

En el informe de la UCO se detalla cómo Fuentefría envió un correo electrónico el 19 de marzo de 2020 a Álvaro Sánchez Manzanares con el asunto "Posibilidad compra urgente mascarillas". El actual alto cargo de Hacienda preguntó al secretario general de Puertos del Estado sobre la cantidad de mascarillas que necesitaba. Además, Fuentefría hace referencia a una conversación de esa mañana y al hecho de que estaban "cerrando los importes". 

"Estamos pendientes de que nos confirmes el tipo de mascarillas", afirmó Fuentefría en el email. Los agentes destacan que ese día 19 de marzo ya estaba concertado el suministro de material sanitario. "Este extremo queda plasmado porque con fecha 16 de marzo de 2020 Soluciones de Gestión ya conocía que resultaría adjudicataria de un contrato de Puertos del Estado por valor de ocho millones de euros". 

Según la UCO, este correo es importante para los hechos investigados porque los responsables de Soluciones de Gestión, según se ha probado en diferentes informes, tenían conocimiento de que iban a ganar ese contrato "desde al menos tres días antes que lo supiera el propio organismo adjudicador (Puertos del Estado)".