La Fiscalía pide investigar en el 'caso Koldo' al nº3 de Transportes y al exjefe de Puertos del Estado

El primero es el actual subsecretario del Ministerio de Transportes (MITMA), dirigido hoy por Óscar Puente. El segundo, el antiguo responsable de la empresa pública Puertos del Estado, dependiente del MITMA. Este último fue cesado por Puente a principios del pasado marzo.

Anticorrupción ya ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno esta petición a través de un informe fechado este viernes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y firmado por el fiscal Luis Pastor Motta.

Gómez García, saliendo de La Chalana el 2 de febrero de 2023 tras reunirse con Koldo. EL ESPAÑOL

En el llamado caso Koldo, el magistrado investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de contratos adjudicados durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión SL. En 2020, esta compañía recibió 20 millones de euros por proveer mascarillas a Puertos del Estado y otros 12,5 por hacer lo mismo con Adif, también dependiente del MITMA.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constata que Jesús Gómez García ejerció de "correa de transmisión" entre "la esfera próxima del ministro José Luis Ábalos", que era titular de Transportes en 2020, y "los entes adjudicadores" de Puertos del Estado y Adif.

Por otro lado, ese mismo informe recoge varios correos electrónicos, firmados por Álvaro Sánchez Manzanares, con los que organiza a un equipo de asesores para, en palabras de la UCO, "darle forma legal" a la contratación, por parte de Puertos, de la empresa Soluciones de Gestión SL.

Anticorrupción también pide en su informe que sea citado a declarar como investigado Michaux Miranda Paniagua, quien era, cuando ocurrieron los hechos investigados, director general de Gestión de Personas de Adif.

Asimismo, solicita la citación como testigos de varias personas: Francisco Toledo Lobo (presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021), Aránzazu de Miguel Peña (jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado, receptora de varios mails de Álvaro Sánchez Manzanares), María Belén Caballero Martínez (jefa de departamento de contratación adscrita a secretaría general de Puertos del Estado), Martín José Navarro Vicent (director de Recursos Humanos de Adif) y Jesús Ángel Díaz Muñoz (jefe del área de Recursos Humanos, Soporte y Alta Velocidad de Adif).

Completan este listado: la actual presidenta de Adif, así como Guillermo Martínez de Simón (secretario general y secretario del Consejo de Administración de Adif), Javier Sánchez Fuentefría (director general de Organización e Inspección del MITMA) y Daniel Belmar Prieto (subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad).

Por otro lado, el partido Vox, una de las acusaciones populares del llamado caso Koldo, ha solicitado en un escrito que se cite a declarar como testigo a José Luis Ábalos, quien era ministro de Transportes cuando Soluciones de Gestión fue contratada.

"La declaración testifical del señor Ábalos es necesaria para indagar en el conocimiento que tenía éste de los contactos de su asesor personal, Koldo García Izaguirre, con otros miembros del MITMA, como el señor Gómez García y el señor Sánchez Manzanares", expone el escrito de Vox.

Fiscalía Europea

Soluciones de Gestión SL no sólo recibió contratos de entes adscritos al MITMA. También, del Ministerio del Interior y de los Gobiernos de Canarias y Baleares.

La Fiscalía Europea, que vela por el correcto funcionamiento de los fondos de la UE, ya había solicitado al juez información sobre estas dos adjudicaciones autonómicas.

No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, este miércoles, pidió a la Audiencia Nacional poder asumir la investigación de todo el caso Koldo, al considerar que se trata de una única trama, una misma red interconectada.

El todavía instructor de la causa, Ismael Moreno, ya ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción por su opinión sobre la solicitud de los fiscales europeos. Este dictamen, no obstante, no es vinculante.

Una vez lo reciba, el magistrado decidirá si cede o no el caso Koldo al Ministerio Público europeo, creado, precisamente, en 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19. Si se niega, puede incluso plantear un conflicto de competencia ante el Supremo y que sea entonces el Alto Tribunal el encargo de decidir en qué manos queda la causa judicial.