El juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado.

El juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado.

Tribunales

El juez que citó a Begoña Gómez se defiende y dice que ninguna ley le impide instruir en época electoral

Peinado anuncia que interrogará, como testigo, a Carlos Barrabés en el hospital en el que se encuentra ingresado por una enfermedad grave.

6 junio, 2024 18:59

El juez Juan Carlos Peinado, quien ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio, ha respondido en una resolución a las críticas que ha recibido por notificar su decisión a pocos días de las elecciones europeas.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Peinado señala que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ni la Ley Electoral (LOREG) ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni, en definitiva, ningún precepto jurídico le impiden continuar con su instrucción en periodo electoral.

Asimismo, el magistrado avanza que interrogará, como testigo, a Carlos Barrabés en el hospital de Madrid en el que se encuentra ingresado por una grave enfermedad. En su resolución, desvela también que ha interrogado en el juzgado al médico que le trata y prevé visitarle entre los días 17 y 23 de junio.

Barrabés es el empresario que presentó en un proceso de adjudicación al menos dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, que avalaban el buen hacer de su empresa, que, finalmente, se llevó contratos públicos por valor de 10 millones de euros. A su vez, forma parte del claustro de profesores del Máster en Transformación Social Competitiva que Gómez co-dirige en la Universidad Complutense de Madrid.

Con dicha resolución, Peinado reacciona a las críticas de varios políticos, que cuestionaron por qué había anunciado la citación como investigada de Gómez a pocos días de las europeas.

El presidente del Gobierno y marido de Begoña, Pedro Sánchez, deslizó que el juez tenía intención de inferir en la campaña con este movimiento. También se han pronunciado así otros miembros del PSOE y del Ejecutivo, como la ministra Pilar Alegría.

Begoña, citada a declarar

Este martes se hacía público que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, interrogará a la esposa de Sánchez el próximo 5 de julio por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Pasadas las siete de la tarde de ese mismo día, el presidente del Gobierno publicaba en sus redes sociales una misiva pública —la segunda en poco tiempo, después de aquella en la que amagó con dimitir— para defender la honorabilidad de su mujer.

En la carta criticaba que el juez hubiese hecho pública la citación a Begoña Gómez en un auto fechado este lunes, 3 de junio. "Sólo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño", reprochaba la misiva. "Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", deslizaba Sánchez, tras mencionar que Peinado incumple la "regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el normal funcionamiento de las campañas electorales".

Sánchez, junto a Begoña Gómez, en un acto del PSOE al final de la campaña del 23-J, en 2023.

Sánchez, junto a Begoña Gómez, en un acto del PSOE al final de la campaña del 23-J, en 2023. Europa Press

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo, han respetado esta costumbre con el objetivo de no proporcionar, con sus resoluciones, artillería política y de evitar cualquier influencia de sus decisiones en las campañas electorales.

Peinado no lo ha hecho. Y en la citada resolución se justifica y recalca que la costumbre "es una fuente supletoria del derecho". Debe seguirse, por tanto, cuando no exista una ley que regule un asunto. "Este instructor no conoce precepto alguno de la Constitución, la LOPJ ni de la LECrim ni de la LOREG ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", expone.

Por su parte, las principales asociaciones de jueces afean a Sánchez los términos de su última carta pública y el señalamiento de Peinado.

"Es un claro ataque a la independencia judicial", señaló en conversación con este periódico María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, compuesta por unos 1.400 asociados y la considerada conservadora. 

"A los jueces nos vinculan las leyes escritas y publicadas", reiteraba Del Barco a este diario. "Imagínate que hubiese sido al revés: que lo que hubiese dictado fuese un sobreseimiento libre. ¿Hubiera tenido que esperar a publicarlo o eso sólo debe afectar a las resoluciones que no interesan?", planteó la portavoz de la APM en charla con este periódico.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado, aunque sin mencionar explícitamente a Sánchez, que se reunirá, de forma extraordinaria, este lunes para pronunciarse sobre las "últimas manifestaciones públicas" que "pueden afectar a la independencia judicial".