Archivan la pieza ERE de Santana Motor contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil

Carpetazo judicial a la causa contra el marido de María Gámez, la exdirectora de la Guardia Civil, Juan Carlos Martínez, imputado en una de las piezas del caso ERE por las ayudas a la empresa Santana Motor, que dirigía su hermano Bienvenido. 

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha archivado la causa después de que en octubre del año pasado la Audiencia de Sevilla estimara un recurso de la defensa del cuñado de Gámez para su anulación. 

En concreto, este había alegado que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos en febrero al superarse los plazos legales que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Gámez, la primera mujer en dirigir a la Guardia Civil, renunció al cargo a cuenta de la imputación de su esposo en marzo de 2023, ya que la trama que se investiga se desarrolló siendo ella alto cargo de la Junta de Andalucía.

Ahora, más de un año después, el juez lo la excluido, junto a otras dos personas, de esta causa que investiga la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, y a la transmisión de fondos a la entidad Experience Management Group, consultora de su propiedad.

Sin embargo, sí mantiene a su hermano Bienvenido Martínez y a Jacinto Cañete, otrora director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Este último también fue condenado a la inhabilitación en la pieza principal del caso ERE.

El juez señala como cerebro de la trama a su hermano Bienvenido, quien siendo presidente de la ya extinta Santana Motor, participada por la Administración andaluza, presuntamente desvió fondos procedentes de la agencia IDEA en beneficio de su propia consultora.

Según el instructor, entre 2009 y 2011, esta sociedad habría recibido dinero público de Santana Motor por importe de 339.701 euros, siendo Martínez, al mismo tiempo, directivo de ambas sociedades. El total de ayudas desviadas asciende, según la investigación, a 1,3 millones de euros.

Presumiblemente los pagos se justificaron como pago por el alquiler de un despacho en las oficinas del Centro de Negocios que la Junta abrió en Madrid. De ahí que la causa siga adelante contra él, ya que, según el juez, de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "serios indicios racionales" de criminalidad.