El Tribunal de Cuentas cuestionará la ley de amnistía ante el Tribunal de la Unión Europea

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, encargada de juzgar el proceso contable por los gastos del referéndum del 1-O cargados al erario público, ha puesto en marcha este martes el procedimiento para presentar una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Hernáez, que tiene pendiente dictar sentencia en la causa por responsabilidad contable abierta contra Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, entre otros, ha dictado una providencia dando audiencia a las partes, por un plazo común de diez días, a fin de que se pronuncien sobre la procedencia de plantear la cuestión prejudicial sobre previsiones de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea".

Los artículos de la ley de amnistía por los que la consejera pregunta a las partes son los que se refieren al ámbito de aplicación de la ley (artículo 1), a la exclusión relativa a los hechos que afecten a los intereses financieros de la UE (artículo 2.e), al alzamiento de las medidas cautelares previsto en el artículo 8.3, a la tramitación preferente y urgente establecida en el artículo 10 y a la aplicación de la amnistía específicamente a la responsabilidad contable (artículo 13).

Los preceptos del Derecho de la Unión Europea en los que se puede basar la cuestión prejudicial son los relativos a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.

Hernáez ha suspendido el plazo para dictar sentencia hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE.

El procedimiento del Tribunal de Cuentas sobre el 'procés' se refiere a los fondos públicos empleados en el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional y a los gastos de promoción del proceso soberanista en el extranjero.

Afecta a 35 demandados, todos ellos cargos y exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña, así como funcionarios. El fiscal les reclama la devolución de un total de 3 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular, eleva la cifra a cinco millones.