Los fiscales del 'procés' instan a García Ortiz a someter la amnistía a la Junta de Fiscales de Sala

Así lo exponen en un escrito que han adjuntado a las dos propuestas de informes (uno para la Sala Penal del TS y otro para el magistrado Pablo Llarena) presentadas esta mañana al máximo responsable del Ministerio Público.

En ellas sostienen que la amnistía es aplicable a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos (sustitutivos de la eliminada sedición), pero no al más grave de los delitos del 'procés': la malversación de millones de euros procedentes de los fondos públicos y que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y cinco exconsejeros destinaron al proceso independentista en 2017.

Según la demanda de la propia Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas, solo en gastos del referéndum ilegal del 1-0 se emplearon 883.695 euros, mientras que 2.209.503,8 euros fueron a la promoción del 'procés' en el extranjero.

Orden por escrito

Los fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza afirman en ese escrito que si el fiscal general considera amnistiable la malversación "prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada".

"Y a continuación", añaden, "proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, convocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala", máximo órgano de la Fiscalía en materia doctrinal y técnica.

Los fiscales de Sala adelantan su posición de que una orden de García Ortiz en el sentido de que elaboren un informe a favor de la amnistía de la malversación sería "improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".

El escrito agrega que, en el caso de que el fiscal general "mantenga finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, en aplicación del artículo 25 del Estatuto será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos".

"Sustrajeron caudales públicos"

Los fiscales de Sala reiteran su argumentación de que Puigdemont, Junqueras y los exconsejeros Comín, Puig, Bassa, Turull y Romeva "sustrajeron por sí mismos caudales públicos".

A su juicio, no es que consintieran que otros funcionarios o terceros se apoderasen de fondos destinados a gastos del 'procés', sino que "ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia". "Y esos fondos no han sido restituidos", destacan.

Ello implica un "enriquecimiento personal", al poder disponer "para sus ilícitos fines" de fondos públicos, afirman.

La ley de amnistía excluye de su ámbito de aplicación las malversaciones en las que haya habido propósito de enriquecimiento y en la exposición de motivos se especifica que quedan excluidos los actos de malversación que hubieran implicado enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.

"Es claro que en nuestro caso ese beneficio patrimonial existió, pues con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y asumiendo sobre ellos, extraídos de su función pública y legal, facultades de titularidad los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado en contratos públicos ilícitos para realizar las actividades que conformaban el procés en su globalidad", sostienen los fiscales de Sala del 'procés'.

Intereses financieros de la UE

En su opinión, además, hay un segundo motivo legal para no amnistiar la malversación por "afectar a los intereses financieros de la Unión Europea".

"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", defienden.