Piden a los fiscales de Sala que liberen sus agendas el martes para una posible Junta sobre la amnistía

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, no ha contestado todavía al oficio que le fue remitido ayer por los cuatro fiscales de Sala del 'procés' adjuntando dos propuestas de dictámenes, una dirigida a la Sala Penal del Tribunal Supremo y otra al magistrado instructor, Pablo Llarena.

Ambas propuestas tienen en común el criterio de que la ley de amnistía, vigente desde el pasado martes, no es aplicable al delito de malversación de fondos públicos.

Ello significaría que los líderes del 'procés' ya condenados por el Tribunal Supremo, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, tendrían que seguir cumpliendo la pena de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, que no les fue indultada cuando el Gobierno de Sánchez les perdonó las penas privativas de libertad.

En el caso de Puigdemont y de los otros dos exconsejeros también prófugos, Antonio Comín y Lluis Puig, el criterio de los cuatro fiscales de Sala del 'procés' significa que tendrían que ser juzgados por malversación y habría que mantener las órdenes de detención que pesan sobre ellos.

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno comunicaron ayer, miércoles, a su superior que no firmarán ningún dictamen que suponga asumir el olvido de la malversación del 'procés'.

Sostienen que Puigdemont, Junqueras y los exconsejeros Comín, Puig, Bassa, Turull y Romeva "sustrajeron por sí mismos caudales públicos".

A su juicio, no es que consintieran que otros funcionarios o terceros se apoderasen de fondos destinados a gastos del 'procés', sino que "ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia". "Y esos fondos no han sido restituidos", destacan.

Ello implica un "enriquecimiento personal", al poder disponer "para sus ilícitos fines" de fondos públicos, afirman.

La ley de amnistía excluye de su ámbito de aplicación las malversaciones en las que haya habido propósito de enriquecimiento y en la exposición de motivos se especifica que quedan excluidos los actos de malversación que hubieran implicado enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.

"Es claro que en nuestro caso ese beneficio patrimonial existió, pues con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y asumiendo sobre ellos, extraídos de su función pública y legal, facultades de titularidad los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado en contratos públicos ilícitos para realizar las actividades que conformaban el 'procés' en su globalidad", sostienen los fiscales de Sala del 'procés'.

Intereses financieros de la UE

En su opinión, además, hay un segundo motivo legal para no amnistiar la malversación por "afectar a los intereses financieros de la Unión Europea".

"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", defienden.