El Constitucional suspende la aplicación de la norma que derogó la ley de memoria de Aragón

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de la aplicación de la ley por la que se derogó la ley de memoria democrática de Aragón al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la misma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta decisión conlleva a la suspensión cautelar de esta norma hasta que los magistrados se pronuncien sobre el fondo del asunto.

El pleno del TC ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales.

Al haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018.

La respuesta del Gobierno del popular Jorge Azcón a esta suspesión cautelar no se ha hecho esperar. Manteniendo su respeto a las decisiones judiciales aunque no las comparta, el Ejecutivo autonómico subraya su "convencimiento" de que la norma de derogación es "plenamente constitucional". "Se tramitó desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas", ha afirmado.

Además, el Gobierno de Azcón recuerda que la norma cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón. Por último, ha anunciado que va a solicitar de manera inmediata el alzamiento de la suspensión cautelar.

Moncloa espera que se declare inconstitucional

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la decisión del Constitucional y confía en que finalmente declare inconstitucional esta norma.

Torres ha asegurado que "son leyes obligadas por Vox" y ha lamentado que no se condene el franquismo, "porque la dictadura el totalitarismo y el franquismo deben ser condenados por cualquier democracia".

En este sentido, el ministro ha invitado al Ejecutivo de Aragón "a que reflexione, porque fue inusual que no quisiera sentarse" a hablar con el Gobierno antes de que este presentase su recurso ante el Constitucional.

La derogación salió adelante el pasado 15 de febrero en las Cortes de Aragón con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR. Posteriormente el Ejecutivo regional ignoró el emplazamiento del Gobierno central a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al TC.

Ante esta negativa del presidente de Aragón a negociar la norma con el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de mayo la presentación del recurso ante el Constitucional contra la norma autonómica, que a juicio del Ejecutivo "incumple el principio de deber de colaboración con el Estado" en materia de memoria.

El Gobierno consultó al Consejo de Estado, órgano que concluyó que la ley aragonesa "incumple" su "deber de colaboración con el Estado" en la aplicación de la normativa nacional de memoria porque, por ejemplo, "retira las placas de señalización" de campos de concentración y lugares de memoria, "elimina del sistema educativo" la reparación de las víctimas y "la vulneración de los derechos durante los años de la dictadura", "elimina el mapa de fosas" y "dificulta" el acceso a la información por parte de asociaciones memorialistas.

"El Gobierno acudirá donde sea preciso para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura", advirtió el ministro Torres tras la aprobación de la presentación del recurso.