El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el primer recurso del caso ERE, el mayor desfalco cometido en reparto de ayudas sociolaborales registrado en España. Se trata el del exconsejero andaluz de Empleo José Antonio Viera. Este fue condenado a siete años de prisión por prevaricación en concurso medial con malversación en el caso ERE.
No obstante, ya no se encuentra en la cárcel tras obtener el tercer grado a los cinco meses de ingresar en el centro penitenciario de Huelva por enfermedad con 78 años.
Los jueces del TC han desestimado su recurso por unanimidad. En la sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, consideran que la demanda plantea una vulneración de derechos fundamentales, pero la queja se expresa en términos genéricos.
Es decir, consideran que la misma no va acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental. Según han indicado desde el TC en un comunicado, el pleno explica que se trata de "un defecto insubsanable" porque es deber del recurrente proporcionar al Tribunal la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su
pretensión.
Insisten además en que el Tribunal Constitucional no puede reconstruir de oficio las demandas, por lo que concluye en la imposibilidad de contestar quejas que carecen de justificación.
El recurso de Magdalena Álvarez
Este es el primero de los recursos presentados por los condenados de los ERE que aborda el TC. Se prevé que en el pleno que continúa esta misma semana se aborde también el recurso de la exconsejera Magdalena Álvarez.
En su caso, la ponente Inmaculada Montalbán propone la estimación parcial de la demanda, con la anulación de la condena que fue impuesta a la exconsejera por prevaricación continuada.
En concreto, la ponencia no plantea una absolución directa, sino la devolución del asunto a la Audiencia Provincial de Sevilla para que vuelva a dictar una sentencia sobre Álvarez respetuosa con el derecho fundamental que se afirma vulnerado, el derecho a la legalidad penal.
A diferencia de otros implicados en el fraude de los ERE como el expresidente José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez no está condena a penas de prisión (anudadas al delito de malversación) sino únicamente a nueve años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público. Manuel Chaves está en la misma situación, con la misma pena de inhabilitación.
En la recta final de la campaña de las elecciones europeas, en un mitin celebrado en Benalmádena, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó a Álvarez. La equiparó a la condición de víctimas del "fango" que Sánchez se atribuye a él y a su esposa, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción.
"No somos ingenuos ni soy yo el primer presidente que ha sufrido. Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años", dijo Sánchez. La aludida se levantó entre vítores y aplausos.
Tras ello desde la Junta de Andalucía expresaron su temor de que el caso ERE acabe siendo "anulado" por esa sensación "permanente de intromisión que tiene el PSOE y el Gobierno de España en los procedimientos judiciales".
Desde el PSOE andaluz consideran "inaceptables" estas palabras al considerar que el Gobierno andaluz "pone en cuestión" a los tribunales.