El fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su antecesora, Dolores Delgado, salen del Tribunal Supremo en octubre de 2022./

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, y su antecesora, Dolores Delgado, salen del Tribunal Supremo en octubre de 2022./ EP

Tribunales

La amnistía sale tocada de la Junta de fiscales: García Ortiz la saca con su voto y el de Dolores Delgado

19 junio, 2024 02:35

El Congreso aprobó la amnistía para los implicados en el proceso soberanista catalán por 177 votos frente a 172. El Consejo General del Poder Judicial informó en contra de la norma por nueve votos de 16. Y el paso de la ley por la Fiscalía se ha saldado con una clara fractura de 19 votos frente a 17. La recomendación de la Comisión de Venecia de que haya una ‘mayoría cualificada’ para una iniciativa tan excepcional no puede estar siendo más desatendida.

La preocupación del órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional por que la amnistía “ha creado una división profunda y virulenta” se ha vuelto a confirmar este martes, cuando el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha logrado por la mínima el aval de la Junta de Fiscales de Sala a su criterio de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley a todos los delitos del ‘procés’, incluida la malversación de fondos públicos.

El resultado de la reunión de la cúpula fiscal es aún más ajustado si se tiene en cuenta que en los 19 votos están incluidos el del propio García Ortiz; el de su antecesora, Dolores Delgado, cuyo ascenso a la categoría de fiscal de Sala ha sido anulado por el Tribunal Supremo; el de la fiscal de Sala más moderna, Teresa Gisbert, que tuvo que votar por teléfono desde el servicio de urgencias de un hospital, y el de Beatriz Sánchez, que votó por el móvil a punto de subir un avión.

Durante la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, el más alto órgano asesor del fiscal general en cuestiones jurídicas, nadie cuestionó la presencia de Delgado. El hecho de que los fallos del TS contra su nombramiento como fiscal de Sala de memoria democrática no sean aún firmes ni, por tanto, se hayan ejecutado permitía su asistencia al cónclave desde la formalidad legal, aunque varios de sus colegas opinaban que ‘moral y éticamente no es fiscal de Sala y no debía haber estado’.

Gisbert sufrió una caída accidental pocas horas antes de la Junta. Era la primera vez que participaba en ella como fiscal de Sala y tuvo que intervenir por teléfono entre una prueba médica y otra.

Sánchez votó igualmente por teléfono mientras volaba a una cita profesional a la que había comprometido su asistencia.

Esos votos fueron imprescindibles para que García Ortiz consiguiera 'in extremis' el aval de la Fiscalía a la amnistía. Máxime cuando del sector progresista de la Junta hubo ‘fugas’ tan destacadas como la de María José Segarra -la primera fiscal general de Pedro Sánchez- y Elvira Tejada

Fuentes del sector progresista de la Junta consideran que "ha podido ser peor", interpretando que la abstención de uno de los suyos, Antonio Vercher -que no justificó su voto- se debió a que estaba en contra de la orden del fiscal general pero optó por la abstención "para no hacer daño". 

Los cuatro fiscales del ‘procés’ -Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza- salieron contentos de la Junta. "Este resultado ya es ganar, y la prueba es que han tenido que contar el voto del fiscal general pese a que de lo que se trataba era de pronunciarnos sobre su propia orden y asesorarle", señalan.

Un resultado del debate de la cúpula fiscal tan estrecho permite a García Ortiz salvar los trastos. Pero existe coincidencia en que la ley de amnistía no sale fortalecida, sino más bien lo contrario, tras su examen por los fiscales de Sala.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala de lo penal Joaquín Sánchez-Covisa presentarán este miércoles, último día de plazo, las alegaciones solicitadas por el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, y por la Sala Segunda, con el riesgo cierto de que, a la postre, el criterio a favor de la amnistía íntegra de los delitos del 'procés' sea desautorizado.