La asociación Liberum, personada como acusación popular en el llamado caso Koldo, se ha opuesto a ceder la causa judicial a la Fiscalía Europea, que la reclama en su totalidad.

El Ministerio Público europeo, que considera que toda la trama corrupta investigada constituye una única rama, ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional encargarse de toda la investigación.

Antes de eso, ya había pedido documentación sobre los contratos adjudicados a la supuesta trama corrupta por parte de los Gobiernos balear y canario. La empresa beneficiada fue Soluciones de Gestión SL, en torno a la que gira gran parte del caso.

Hasta ahora, esas dos adjudicaciones eran su principal interés. Pero a finales de mayo la Fiscalía Europea reclamó a la Audiencia Nacional asumir la investigación en su totalidad, al considerarlo una trama única. 

Ahora, tras la reclamación efectuada por parte de la Fiscalía europea, varias acusaciones populares han presentado sus escritos en los que valoran esta posibilidad.

Liberum alega que "todos los contratos objeto de investigación poseían una misma naturaleza o denominadores comunes, pero obviamente, no empece su propia individualidad, hasta el punto de que, los actores fueran diferentes, incluso de distintas Administraciones".

Además, Liberum ha manifestado que debería ser el juez de la Audiencia Nacional quien debería continuar con la causa. "Con todo, aunque demos por buena la aportación de los fondos europeos, es necesario recordar que los tres contratos en cuestión ascendían a 38.548.222,50 euros, mientras que la ayuda [de los fondos europeos] fue de 1.631.132,53 euros, es decir, un 4,2% del total pagado con fondos nacionales. En consecuencia, la víctima más afectada con creces fue la nación española, y no la Unión Europea", señala la asociación.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Liberum también se opone a considerar que la Fiscalía Europea esté en mejores condiciones que las autoridades nacionales para investigar este supuesto caso de corrupción.

El Ministerio Público europeo, a la hora de reclamar la investigación al juez, aludió a su propio "carácter y magnitud trasnacional" para reivindicar sus capacidades para encargarse de la instrucción.

En respuesta, Liberum señala que, de seguir "ese hilo argumental, nos llevaría al absurdo de que, de facto, no podría realizarse la inmensa mayoría de las investigaciones" de las que se realizan en el país. 

En el escrito presentado, la acusación popular explica los pagadores de los contratos investigados fueron, además, distintos: el Ministerio de Transportes, el de Interior, el Gobierno canario, el balear... Por ello, se opone a considerar el caso como una trama única.

La Fiscalía Europea es una institución independiente en la Unión Europea (UE). Es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.

Ahora, el aun instructor de esta causa, Ismael Moreno, deberá decidir si se inhibe o no ante la Fiscalía Europea. Por el momento, ya ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, este dictamen no es vinculante.

Si Moreno rechaza inhibirse, puede plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. De ser así, será el máximo órgano judicial español el que decida quién lo asume.