Bolaños impide la 'puerta giratoria' que pretendía Pilar Llop y no la nombra juez de enlace en Francia

Bolaños ha enviado una comunicación al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Exteriores para que puedan emitir sus respectivos informes, que son preceptivos y deben realizarse antes de que se formalice el nombramiento por orden del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Bolaños no ha querido aupar a su antecesora a uno de los puestos más codiciados por fiscales y jueces y desde el que se facilita la cooperación judicial entre España y el Estado de que se trate.

Pese a su denominación, la magistratura de enlace no es un puesto jurisdiccional. Los magistrados de enlace dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se dedican a apoyar a los Juzgados y Tribunales en las peticiones de auxilio internacional y reconocimiento mutuo de decisiones judiciales.

La plaza fue anunciada en el BOE el pasado 9 de febrero y fue solicitada por ocho candidatos, entre ellos Pilar Llop, que había dejado de ser ministra de Justicia tres meses antes. Llop se acababa de reincorporar a la carrera judicial tras ocho años encadenando puestos políticos (diputada socialista en la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y ministra de Justicia).

De los ocho candidatos, dos no comparecieron a la entrevista con la comisión de selección y tres de los que sí lo hicieron no sabían alemán, cuyo conocimiento se exigía dado que la magistratura de enlace en París se extiende también a Suiza.

La comisión de selección elaboró una terna a la que incorporó por orden alfabético a los tres candidatos restantes.

La designada, Silvia Martínez Cantón, superaba a los demás en conocimiento de francés y alemán y acreditaba experiencia en cooperación internacional.

Martínez Cantón, miembro de la carrera judicial desde hace casi 13 años y anteriormente secretaria judicial, es juez de primera instancia e instrucción en León.

Ha trabajado como docente en las Universidades de León, Pablo de Olavide (Sevilla), UNIR y Mannheim (Alemania).

Doctora con Mención Europea en Derecho por la Universidad de León (2006), ha participado en proyectos de consultoría internacional del Consejo General del Poder Judicial.

Está acreditada por la ANECA para todas las figuras contractuales universitarias desde el año 2007.

En 2014 fue asesora del Ministerio de Justicia, participando en tareas de elaboración normativa.