El juez pregunta al fiscal si cree que el líder de Manos Limpias fue perjudicado por BBVA y Villarejo

Bernad, en nombre del sindicato del que es secretario general, Manos Limpias, fue quien interpuso la denuncia que originó el llamado caso Begoña, en el que consta como investigada la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También hizo lo mismo con la querella contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, también investigado en otro procedimiento judicial.

En un reciente escrito, Miguel Bernad solicitó al juez que le permitiese personarse, "como perjudicado por las actividades de la trama corrupta", en la pieza 9 del llamado caso Villarejo. Esta rama de la causa gira en torno a los encargos de la antigua cúpula del BBVA a Villarejo. Ya pidió exactamente lo mismo en diciembre de 2019, pero asegura que no ha obtenido ninguna respuesta.

Ahora, García-Castellón, en una resolución fechada hace unos días, ordena lo siguiente: "Dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que, con su conocimiento, manifieste lo que, a su derecho, convenga. Una vez recibido, se acordará lo que proceda".

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el magistrado propuso juzgar a Villarejo, al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otros exdirectivos del banco —ya desvinculados de la entidad— por los encargos, supuestamente ilegales, encomendados al excomisario entre 2004 y 2016. En dicho periodo, el agente aún era policía en activo. Hoy está jubilado.

Villarejo, en la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Europa Press

El argumento que esgrimió Bernad para justificar su petición fueron los diez meses que pasó en prisión provisional por el llamado caso Ausbanc, que, según su versión, se originó con una "denuncia falsamente anónima" detrás de la cual estaba el comisario Villarejo, quien la habría interpuesto "por orden" de la antigua dirección del BBVA, ajena a la actual. Bernad fue condenado por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo anuló aquel fallo y decretó recientemente su absolución.

Sucedió lo mismo con Luis Pineda, el líder de la plataforma de afectados Ausbanc que dio nombre a dicha causa. En su caso, además, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, ultima una reclamación patrimonial contra el Estado, por los meses que también pasó en prisión provisional. Además, Pineda también se personó el mes pasado en la pieza del caso Villarejo sobre el BBVA.

En su escrito dirigido a García-Castellón, Bernad señalaba que, a consecuencia de las actividades de Villarejo, el sindicato Manos Limpias fue "prácticamente aniquilado". "Aunque usted interprete que no hubo por parte de la trama corrupta investigada intervención ilícita contra Manos Limpias o mi persona, lo cierto y verdad es que, a causa de dicha denuncia, pasé diez meses de prisión indebida y el sindicato no pudo tener actividad en estos años, lo cual nos convierte, se mire como se mire, en víctimas del actual ilegal del comisario Villarejo", le indicaba Bernad al juez.

El 'caso Ausbanc'

En julio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a cuatro años de cárcel a Miguel Bernad y al doble, ocho años, a Pineda.

Según dicho tribunal, ambos extorsionaron a bancos y grandes empresas para recibir dinero a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

Pero ambos recurrieron ante el Supremo y, tres años después de aquel fallo, el pasado 11 de marzo, el Alto Tribunal les exoneró. En la sentencia absolutoria, de 149 folios, la Sala Penal del Alto Tribunal relataba que, en efecto, Pineda, como director de Ausbanc, presentó demandas y querellas a través de dicha entidad. En ocasiones, de acuerdo con Bernad.

Luis Pineda, durante el juicio del 'caso Ausbanc' en la Audiencia Nacional en marzo de 2020. Efe

Y, además, negoció con algunos de los demandados o querellados, que solían ser bancos, acuerdos para retirar las acusaciones, que solían incluir el compromiso de Pineda de no iniciar nuevos procedimientos judiciales en su contra y fomentar una imagen positiva de las compañías.

Ahora bien, el Tribunal Supremo concluyó que esta forma de negociación, por censurable que pudiese parecer desde un punto de vista ético, no lo es bajo la óptica penal. Es decir, no son hechos de una entidad suficiente para ser calificados como extorsión.

Tal y como recalca el Supremo, "varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y todas ellas, al tiempo de producirse los hechos, constituían entidades financieras de significada magnitud económica".

Estas "potentes sociedades" disponían de servicios jurídicos especializados, además de "suficiente cobertura económica para encarar con plenas garantías acciones, civiles o penales, frente a la publicación de informaciones que pudieran resultarles, en cualquier sentido, indebidamente perjudiciales".