Kiko 'El Cabra', Antonio González 'El Chispa' y los otros cuatro detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles el pasado mes de febrero en el puerto de Barbate, arrollados por una narcolancha, saldrán en libertad en la jornada este mismo martes. Eso sí, no tendrán su pasaporte y tendrán que ir a firmar todos los lunes al juzgado como medidas cautelares.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ha decretado la libertad para estos seis investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medidaHasta ahora, todos los recursos presentados para ello habían sido denegados.

Los seis investigados permanecían en prisión desde el pasado mes de febrero tras los hechos que provocaron en el puerto barbateño la muerte de dos guardias civiles.

Sin embargo, el pasado mes de mayo se dio a conocer que un informe de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba Kiko 'El Cabra' fuera la que embistió hasta asesinar a estos dos agentes. Por tanto, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al juzgado descartaba su autoría en este doble asesinato.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte y la prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Los autos ya han sido notificados a las partes.

No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados "no son los autores del asesinato", seguían imputados en "delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión", por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.

La pasada semana los encarcelados fueron llamados a declarar en la causa como testigos y, este martes, la Fiscalía ha remitido al juez que instruye el caso un informe en el que manifiesta que en el punto en el que se encuentra la investigación, no se opone a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.