El fiscal pide identificación obligatoria en las redes y prohibirlas a quienes cometan delitos de odio

"Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor", ha señalado Aguilar en una entrevista a la Cadena SER.

Precisamente, tal y como publicó EL ESPAÑOL, este martes la Fiscalía anunció que la citada Unidad está revisando decenas de tuits en los que se atribuía el reciente asesinato de Mateo, un niño de 11 años de Mocejón (Toledo), a los menores extranjeros no acompañados (menas).

Finalmente, este lunes, la Guardia Civil arrestó a un joven de 20 años, español, como supuesto autor del apuñalamiento. Pese a ello, en las horas previas a la detención, ciertos perfiles de Twitter azuzaron la teoría de que el presunto asesino era un mena; especialmente, debido a que un hotel de Mocejón alberga desde principios de agosto a medio centenar de menores migrantes.

Pese a que, como ha recordado el fiscal, "en las redes sociales se ejercen derechos constitucionales, como la libertad de expresión", Aguilar sí ha considerado "una buena idea" la identificación obligatoria de sus usuarios. "Cuando yo cojo un coche o una moto, estoy plenamente identificado", ha comparado. "Sería interesante... Muchas veces nos encontramos con esta dificultad: una investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor [de los mensajes]".

"Habría que estudiar y valorar que las personas que actúen en redes sociales estén identificadas y, sobre todo, que cuando lo requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad", ha propuesto el entrevistado. 

Miguel Ángel Aguilar ha señalado durante la entrevista que será necesario analizar si estos mensajes sobre el crimen de Mocejón tienen o no "cierta entidad", así como "la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo". Todo ello, a fin de comprobar si serían o no incardinables en el llamado delito de incitación al odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal. Además, los cometidos a través de las redes sociales o de los medios de comunicación se castigan más duramente.

No obstante, el fiscal Aguilar se ha mostrado favorable a una reforma del CP —un "perfeccionamiento técnico"— que permita a los tribunales prohibir a ciertas personas "acudir a entornos digitales" si han sido condenados por cometer delitos a través de dichas redes sociales. "Es una pena que yo creo que sería interesante", ha valorado, aunque ha precisado que, a su juicio, debería aplicarse a los casos "más graves".

La investigación sobre estos tuits está aún en fase inicial. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cuentan con expertos, están analizando ese tipo de publicaciones. Sobre todo, las que tienen ese componente de gravedad para que la Fiscalía o los tribunales valoren la trascendencia jurídico-penal de estos hechos", ha relatado Aguilar en la Cadena SER.

Asimismo, tal y como ha recordado el responsable de la Unidad de Delitos de Odio del Ministerio Público, no todos los mensajes reprochables desde un punto de vista ético constituyen un delito de incitación al odio. Dependen de su contexto: el alcance de la publicación, las consecuencias que provoque...

Ahora bien, el fiscal ha recalcado que, a diario, se producen agresiones en las calles hacia personas pertenecientes a los colectivos vulnerables que la ley recoge como víctimas de los delitos de odio.

El Código Penal establece que son ilícitos los mensajes destinados a "fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

Además de sus propuestas en el ámbito legislativo, el fiscal ha pedido la implicación de otros estamentos de la sociedad para "educar y prevenir" estos comportamientos.