Fotomontaje con los rostros de Begoña Gómez, el juez Peinado y Pedro Sánchez.
Begoña Gómez pidió en 2020 a la Fundación La Caixa financiación para su cátedra en la Complutense
El juez Peinado ha interrogado este lunes al subdirector de la Fundación y ha advertido a las partes sobre las filtraciones a la prensa.
26 agosto, 2024 16:58El subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha declarado este lunes como testigo en el llamado caso Begoña, en el que figura como investigada Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de esta instrucción, el directivo ha manifestado que fue la propia Gómez la que, en 2020, le planteó que la Fundación sufragase la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que la mujer de Sánchez acabaría co-dirigiendo poco después en la Universidad Complutense de Madrid.
Así lo refleja la Fundación La Caixa en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Esta entidad aportó 15.000 euros anuales durante un plazo de cuatro años. No es el único patrocinador de este proyecto académico: también fue sufragada, con la misma cantidad de dinero, por Reale Seguros, cuyo consejero delegado, Ignacio Mariscal Carnicero, ha declarado como testigo este lunes.
Simón también ha declarado ante el juez que jamás se reunió con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, a diferencia de, por ejemplo, otro de los investigados, Joaquín Goyache, rector de la UCM, quien sí se desplazó, a petición de la mujer de Sánchez, al recinto para abordar la creación de la cátedra y del máster adscrito a ella.
Según ha asegurado este testigo, tampoco se citó nunca con Pedro Sánchez para despachar ningún extremo relacionado con su esposa.
Este lunes, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Marc Simón se ha mostrado satisfecho con el acuerdo entre la Fundación La Caixa y Begoña Gómez, hasta el punto de que ha manifestado que vería con buenos ojos que el convenio con la UCM se renovase otros cuatro años más.
Coto a las filtraciones
Asimismo, al finalizar las cuatro declaraciones testificales, el juez Peinado ha advertido a las partes personadas en la causa para evitar filtraciones del contenido de los interrogatorios y de documentación del sumario.
A las declaraciones de Simón y de Mariscal Carnicero se han unido las de Leticia Lauffer, exCEO de la filial de Globalia denominada Wakalua y la del consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Ciprés.
Al finalizar todas ellas, Peinado ha reprendido, debido a las filtraciones de la causa, a las partes personadas en ella: los partidos Vox y Iustitia Europa, la asociación Hazte Oír y el sindicato que presentó la denuncia que dio origen a la causa, Manos Limpias.
El instructor trata así de evitar que el contenido de la investigación acabe publicado en la prensa. Y lo hace justo después de haber acordado entregar a todas las acusaciones y las defensas sendas copias del vídeo con el que se registró el breve interrogatorio a Sánchez en la Moncloa, a donde Peinado se trasladó para formular varias preguntas al presidente del Gobierno, quien se acogió a la dispensa legal que le permite no declarar en contra de un familiar. En este caso, su esposa.
La Fiscalía se había opuesto a que las partes tuviesen acceso a este material. Sin embargo, el instructor concluyó que tienen derecho a poseerlo y a analizarlo para desarrollar su estrategia procesal.
El juez en Moncloa
El pasado 30 de julio, el juez se desplazó hasta la Moncloa para recabar el testimonio de Sánchez. No obstante, el presidente del Gobierno se acogió a la dispensa que le permite no declarar sobre los negocios de su mujer, que es lo que se investiga en esta causa.
Además de Gómez, también figura como investigado el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Carlos Barrabés.
Ahora bien, el pasado día 3, la Fiscalía pidió a Peinado que no se entregara a las partes las grabaciones de la testifical de Sánchez en la Moncloa porque "carecería de utilidad material o procesal", a fin de "evitar filtraciones" y que las imágenes "acabaran divulgadas de forma improcedente".
Sánchez, en aquella declaración, que duró apenas dos minutos, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.
Poco después, la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado, que está pendiente de su admisión a trámite, algo que se decidirá en septiembre. Gómez también se ha querellado contra el juez.
La querella de Sánchez pide al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".
