Vicky Rosell pide al juez que la considere víctima de las "maniobras" de la 'Policía patriótica' de Rajoy

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL Rosell asegura que, desde el Ministerio del Interior mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se confabularon en su contra para arruinar sus aspiraciones políticas. La exdiputada asegura, además, que lo hicieron en connivencia con varios medios de comunicación.

Rosell dice haber sido "vigilada indebidamente" mientras era jueza de instrucción, "en las fechas inmediatamente anteriores y posteriores" a su etapa como diputada en el Congreso, entre enero de 2016 y abril de ese mismo año. En definitiva, expone que fue víctima durante años de una conspiración que implica a guardias civiles, la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior, periodistas y parlamentarios.

Por ello, en un escrito fechado el pasado 9 de agosto, solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz poder personarse como acusación en la investigación abierta sobre las supuestas ilegalidades cometidas por la llamada Policía patriótica en perjuicio de los primeros diputados que tuvo Podemos en el Congreso. Rosell, que se presentó como candidata independiente en sus listas, era uno de ellos. 

Esta causa judicial se inició, precisamente, con una querella presentada por el partido, que se dirigía contra la plana mayor del Ministerio del Interior en la era Rajoy. Pedraz la admitió parcialmente a trámite e inició esta investigación.

Recientemente, el magistrado recibió más de 50 ficheros de Excel que enumeran todas las consultas que la Policía efectuó a sus bases de datos confidenciales, entre 2015 y 2016, introduciendo el nombre de los diputados de Podemos.

No obstante, tal y como desveló EL ESPAÑOL, dichos archivos incluyen, en su inmensa mayoría, gestiones burocráticas habituales: cambios de dirección, controles en aeropuertos, modificaciones de DNI, registros en el mostrador de un hotel, denuncias presentadas por los propios diputados... Pese a ello, Podemos denuncia un "rastreo masivo" en su contra.

En el fichero que alude a Rosell se registran 16 accesos a bases de datos policiales, efectuadas en Madrid, Canarias, Cáceres, Cádiz, Valladolid y Valencia. Todos ellos aparecen anotados con el mismo concepto ("Consulta Fonética. Consulta por Nombre y Apellidos Completos. Alta/Modificar") y, salvo una, fueron efectuadas por un perfil de usuario colectivo (AtlasHot).

Como avanzó este periódico, Pedraz ya ha encargado al Ministerio del Interior un informe que aclare quiénes y por qué motivo se efectuaron dichas búsquedas.

Ahora bien, no obstante, los hechos que relata la abogada de Vicky Rosell no son exactamente los mismos que denunció Podemos en su querella. El escrito enviado a la Audiencia Nacional expone que la exdelegada de Violencia de Género "sufrió directamente la relación entre la Policía patriótica y los medios de comunicación, publicando noticias falsas sobre ella desde la campaña electoral".

Como parte de esta supuesta campaña en su contra, entre otros asuntos, el citado escrito menciona la querella que interpuso en su contra el exministro de Industria José Manuel Soria, del PP. En 2015, Soria se presentó como candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas. Rosell, por tanto, era su rival.

El documento también subraya la condena del exjuez Salvador Alba, actualmente en prisión después de que se constatase que conspiró para perjudicar a Rosell —una vez esta decidió concurrir a aquellas elecciones— y favorecer la admisión a trámite de la querella de Soria. Rosell fue investigada judicialmente, pero la causa se archivó definitivamente poco después (sobreseimiento libre).

No obstante, la jueza y exdiputada atribuye a "la cúpula del entonces Ministerio del Interior" y a "operativos policiales mandatados ad hoc, que operaban en connivencia con los medios de comunicación" participación en esta trama en su contra. 

Según relata el escrito, Soria mantenía relación "con comisarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que veraneaban o viajaban a las islas Canarias". 

También señala la filtración a un canal de televisión del vídeo en el que Rosell es identificada en el Aeropuerto de Las Palmas por un agente de la Guardia Civil, que le provocó un "hostigamiento" al exigirle, "de forma adicional", una revisión extra tras el control de equipajes, "lo que originó una breve discusión" con el agente.

"[Este último] despreció como identificación el carnet de diputada, [lo que] fue aprovechado por un superior del guardia civil para difundir la imagen de mi mandante en un vídeo ilícito y manipulado", señala la abogada de Rosell.

A renglón seguido, la letrada tacha estos hechos de "atentado contra la intimidad y propia imagen" de Rosell y culpa de los mismos a la Delegación del Gobierno en Canarias, que firmó una "nota oficial" relatando la actitud de la exdiputada "y aludiendo a la alerta antiterrorista".

Asimismo, el escrito enviado a Pedraz asegura que "un periodista admitió" a Rosell "que las órdenes que posibilitaron tal atropello provenían del Ministerio del Interior", en "un ejemplo de abuso de funciones con finalidad política, que le causó un gran daño personal, familiar y profesional y cuyas imágenes aún recibe de forma recurrente por redes sociales".