El juez abre el camino a que el Supremo investigue a Ábalos al incorporar la auditoría de Puente al caso

Y este documento se convertirá en un elemento esencial de la previsible —ya suceda antes o después; en unas semanas o al final de la instrucción— imputación del exministro Ábalos.

En todo caso, para que eso se produzca, Moreno deberá enviar un documento —llamado exposición razonada— al Tribunal Supremo, único órgano facultado para investigar a un diputado del Congreso debido a su condición de aforado.

Ábalos lo es, ya que, pese a que el PSOE iniciase meses atrás el procedimiento de su expulsión, sigue siendo miembro de la Cámara Baja como parte de Grupo Mixto, al que se trasladó.

Según ha confirmado el exministro a EL ESPAÑOL, presentará "tanto por la vía contencioso-administrativa como en la Audiencia Nacional" un informe jurídico para demostrar la ilegalidad de la auditoría. 

El exministro asegura que ha tenido "varias propuestas" de bufetes especializados en compliance y de empresas auditoras que "están deseando desmontarlo". 

El antiguo número dos del PSOE califica dicho informe de "intrusismo administrativo". Además, afirma que no se informó a los funcionarios entrevistados para qué se utilizaría la auditoría en la que aparecen sus declaraciones.

De igual forma, se privó de esta forma que quienes lo consideraran oportuno lo hiciesen junto a su representación legal o que, simplemente, no declararan. El exiministro cree que esta auditoría se ha convertido en una "investigación paralela ilegal" y "en una especia de tribunal del honor".

Ábalos también señala que no cumple con los criterios de compliance que debe tener una auditoría de este tipo: imparcial, objetiva, especializada, independiente, periódica y planificada.

Además, en estos informes es una obligación que el auditor o el organismo auditor "no deberá tener una conexión directa con el departamento a auditar". El exministro indica que la persona que ocupa la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio, a la que se encargó la auditoría, es "juez y parte"

Señala así a Belén Villar, que en aquel momento era jefa de gabinete del subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez García, que fue cesado el pasado viernes por Puente y que es uno de los investigados en el llamado caso Koldo.

Villar era una de las máximas responsables en 2020 de que todos los trámites administrativos fueran correctos. Ábalos defiende también que el real decreto que regula las funciones de la inspección de servicios no contempla una auditoría de este tipo, la cual considera extralimitada.

El PSOE y Puente

El PSOE ha transmitido a Ábalos que su sucesor, Puente, decidió en solitario realizar y presentar la auditoría, algo que el exministro no se cree. Tal y como declaró en EL ESPAÑOL, ve una "clara intención política" detrás de ello. "No puede ser una torpeza", afirmó.

El ex secretario de Organización del PSOE cree que se le ha buscado incriminarle con esta auditoría y apuntarle directamente hacia él, lo que le coloca en el camino a su imputación. 

La decisión del juez de requerir a Transportes una copia del informe permite validar el documento, autentificarlo. Porque, hasta el momento, el instructor sólo tenía sobre su mesa un ejemplar aportado por dos de las partes personadas en el caso Koldo (el PP y Vox), que le habían solicitado diversas diligencias. Ahora bien, Moreno próximamente lo recibirá el organismo oficial que lo encargó: el ministerio de Óscar Puente.

La incorporación del informe al sumario también será relevante de cara al posible interrogatorio de Puente. Una de las acusaciones populares de la causa, la asociación Liberum, solicitó la testifical del actual ministro para explicar diversos extremos de la auditoría. Especialmente, los motivos que provocaron la destitución del hasta ahora subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García.

El juez Moreno también ha pedido al ministerio conocer la identidad de los funcionarios que elaboraron la auditoría, lo que le permitirá, en un futuro, citarlos también a declarar para que la ratifiquen.

Pero la relevancia del informe para la causa radica, principalmente, en que desvela que fue Ábalos quien ordenó duplicar, de cuatro a ocho millones de mascarillas, el encargo realizado a la compañía Soluciones de Gestión SL.

La compañía, considerada epicentro del caso Koldo, recibió dos contratos millonarios de dos entidades públicas adscritas a Transportes: Puertos del Estado y Adif. Por ambas, se embolsó más de 30 millones de euros.