El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de casos de corrupción como el caso Púnica, el caso Lezo y el caso Villarejo, así como la investigación sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic.
El magistrado vallisoletano solicitó en 2022 aplazar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años. Una vez los jueces alcanzan la setentena pueden pedir que se prorrogue su labor 24 meses más.
Ahora, será la magistrada instructora María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, quien le sustituya al frente de estas causas. Lo hará de forma temporal, hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saque a concurso su plaza.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, es uno de los que quiere postularse a ella.
Manuel María García-Castellón García-Lomas llegó a la Audiencia Nacional en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón cuando éste se incorporó a las listas del PSOE. Regresó a este órgano en 2017, tras haber sido entretanto juez de enlace en París (Francia) y Roma (Italia).
Fue a partir de entonces cuando se hizo cargo de algunas de las más importantes causas de corrupción de los últimos años, como los casos Púnica, Lezo y Villarejo. Este último versa sobre los negocios del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, el principal investigado en la complejísima causa a la que da nombre y que constituye un mosaico de las llamadas cloacas del Estado. Algunas de las piezas del caso Villarejo son las llamadas Dina —en la que el juez intentó, sin éxito, que el Supremo investigase a Pablo Iglesias— y Kitchen, acerca de la supuesta operación parapolicial para sustraer documentación perjudicial para el PP a Luis Bárcenas, extesorero del partido.
Por su parte, en el caso Púnica, Manuel García-Castellón citó como investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, aunque acabó archivando la causa para ella.
El vallisoletano ha estado al frente de diversas causas de terrorismo. Recientemente, propuso juzgar a cuatro exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997. Se trata de un crimen que, precisamente, le tocó investigar a García-Castellón en su primera etapa en la Audiencia Nacional, hace un cuarto de siglo.
Por otro lado, el pasado mes de julio, el juez archivó el llamado caso Tsunami Democràtic, en el que investigó los disturbios violentos convocados por la plataforma independentista que da nombre a la causa. Estos actos fueron organizados en respuesta a la condena a los líderes del procés.
No obstante, García-Castellón tuvo que archivar esta causa —en la que había imputado a Marta Rovira y a Carles Puigdemont—, entre otros, debido a que había acordado fuera de plazo una de las prórrogas de la instrucción, por tan sólo 24 horas de retraso.
Por ello, todas las diligencias ordenadas en esta causa desde el 29 de julio de 2021 quedaron anuladas. Así lo estableció la instancia superior al juez instructor, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, abocando la causa al archivo, como así sucedió.
García-Castellón también fue el instructor del llamado caso Banesto, en el que envió a prisión provisional Mario Conde. Aquello ocurrió en 1994. Durante su carrera, el vallisoletano ha pertenecido a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria entre los jueces y la considerada más conservadora.