Hidalgo declara al juez que no tuvo trato con la 'trama Koldo' y que no recuerda su reunión con Begoña

En concreto, Hidalgo se ha remitido a Richard Clark, actual director general de Globalia, nombrado en 2021, y a Imanol Pérez, subdirector general de Air Europa, parte de este holding.

Fue esta aerolínea la encargada de hacer llegar a España, al inicio de 2020, las mascarillas compradas por el Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión SL. Estos contratos, adjudicados a dedo debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de la Covid-19, se investigan ahora por parte de la Audiencia Nacional por las posibles irregularidades en su adjudicación. El juez Ismael Moreno también indaga en si, a través de ellos, se cobraron comisiones ilegales. El caso Koldo se denomina así debido a Koldo García Izaguirre, el principal asesor de quien era ministro de Transportes cuando se firmaron las adjudicaciones, José Luis Ábalos.

Al menos tres de las acusaciones populares personadas en esta causa solicitarán al juez que cite como testigos a Clark y a Pérez. Se trata del partido político Iustitia Europa y de las asociaciones Liberum y Hazte Oír. Esta última, en el escrito que presentará próximamente en la Audiencia Nacional, pedirá que Globalia identifique qué trabajadores concretos negociaron el acuerdo con Soluciones de Gestión.

Fuentes presentes en el interrogatorio de Hidalgo confirman a EL ESPAÑOL que el exCEO de Globalia ha señalado que la compañía no obtuvo un especial beneficio económico de los vuelos para traer a España las mascarillas. El testigo ha aludido a la gran cantidad de muertes que provocaba, por entonces, la pandemia de la Covid-19 para negar que buscase lucrarse con esta operación.

Varias de las acusaciones populares han tratado de preguntar a Hidalgo por su relación con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, el juez Moreno no ha permitido formular estas preguntas, ya que son ajenas al objeto de esta investigación judicial.

Sin embargo, el testigo sí ha respondido que no recordaba dos reuniones de trabajo a las que asistió y en las que también habría estado presente Gómez, entre otras tantas personas. Tuvieron lugar en la sede de Globalia, en verano de 2020.

La esposa de Sánchez está siendo investigada por otro juez, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que indaga en sus negocios. Algunas de las acusaciones populares del caso Koldo también la ejercen en el llamado caso Begoña.

Javier Hidalgo también ha explicado su relación con Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el caso Koldo y el considerado intermediario/comisionista de la trama. Éste sería otro de los asistentes a las citadas reuniones en la sede del holding por las que se le ha preguntado a Hidalgo.

El empresario ha manifestado que Globalia contrató a Aldama por "prestación de servicios" y ha asegurado desconocer el nexo de éste último con Koldo García y con Soluciones de Gestión SL. También ha declarado que no conoce personalmente al exministro Ábalos, más allá de verle en los medios de comunicación. 

Víctor de Aldama, tal y como ha reconocido Hidalgo y en línea con lo desvelado por EL ESPAÑOL, fue contratado por Globalia, en una primera ocasión, para un cometido particular: tratar de desbloquear la millonaria cantidad que el Gobierno de Venezuela le tenía retenida al holding en dicho país. De hecho, Air Europa le prometió cinco millones de euros de comisión si lograba recuperar los 176 millones bloqueados por el chavismo.

Recordemos que, por aquella época, en 2019, y todavía hoy, Venezuela no permitía la salida de divisas venezolanas a otros países. Por otro lado, debido a los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19, Air Europa recibió, a modo de rescate, un crédito público de 475 millones de euros.

Este jueves, durante su declaración, Hidalgo también ha manifestado que no tuvo relación con otro de los investigados en esta causa: Álvaro Sánchez Manzanares, quien fue secretario general de la empresa pública Puertos del Estado (PdE) cuando ocurrieron los hechos investigados.

PdE fue una de las dos entidades adscritas al Ministerio de Transportes empleadas para centralizar la compra efectuada a Soluciones de Gestión SL. La otra fue Adif, la gestora ferroviaria.