La asociación Hazte Oír, una de las acusaciones populares en el llamado caso Koldo, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga esta causa judicial que cite como investigado a Francisco Toledo Lobo.
Se trata del expresidente de la entidad pública Puertos del Estado (PdE). Toledo declaró como testigo el pasado viernes, debido a que PdE, a inicios de 2020, adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión SL un contrato por valor de 20 millones de euros para el suministro de ocho millones de mascarillas al Ministerio de Transportes.
Esta adjudicación, entre otras, está bajo la lupa del juez, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de este y otros contratos recibidos por la misma compañía, Soluciones de Gestión SL, considera el epicentro de la trama, que habría operado al inicio de la pandemia de la Covid-19, aprovechando la situación de emergencia sanitaria.
Hazte Oír señala en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que detectó "ciertas contradicciones en el testimonio" de Toledo, al que consideran máximo responsable de dicho contrato, dado su cargo de presidente de Puertos del Estado.
Entre otros motivos, la asociación católica cita en su escrito que el antiguo secretario general de PdE, Álvaro Sánchez Manzanares, que declaró como investigado el pasado día 11, manifestó que él y su equipo habían manifestado "reticencias" a la contratación de Soluciones.
La participación de Toledo Lobo en la adjudicación de mascarillas también se extiende a que fue él mismo el que contactó con la empresa Raminatrans SL para que ésta gestionase la logística, una vez llegase el pedido al Aeropuerto de Barajas.
"Igualmente, ha sido posible observar ciertas contradicciones en su testimonio: a pesar de alegar que su función era principalmente política y de firma de documentos (...) ha admitido que tuvo muchos contactos con el equipo jurídico cuando surgían problemas y que además esos contactos se produjeron durante un tiempo", incide Hazte Oír.
"En concreto, se realizaron contactos continuados que podían ser denominados de seguimiento. Es decir, sí que tenía capacidad de intervención cuando era necesario", añade. Por ello, esta acusación popular solicita al juez Ismael Moreno que a declarar a Francisco Toledo Lobo. En esta ocasión, como investigado, no como testigo.
Dudas sobre el contrato
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el entonces presidente de Puertos del Estado —ya no lo es, fue cesado en 2023— manifestó ante el juez que planteó sus dudas y reticencias a Sánchez Manzanares sobre los plazos de entrega previstos para las mascarillas.
En su escrito, Hazte Oír alude a este extremo. Y también señala que Puertos del Estado recibió, el 20 de marzo de 2020, una oferta de suministro por parte de Terraplanet del Sur SL (nombre comercial Grupo Natural Systems Distribuciones), que también ofrecía cubrebocas.
Y, según el escrito, el precio unitario de las mismas sería inferior al ofertado por Soluciones de Gestión SL. Pese a ello, esta segunda compañía no fue contratada.
"Y el propio Toledo no ha logrado aclarar de manera taxativa por qué, a pesar de conocer la existencia de dicha oferta, se prosiguió con el plan establecido, la contratación de la sociedad investigada. Y ello, a pesar de que, ante la dificultad de
cumplimiento del contrato por Soluciones de Gestión SL, hubo que hacer un modificado que cambió elementos sustanciales, como el plazo de entrega", expone la acusación popular.
Asimismo, en el citado escrito, Hazte Oír también solicita al juez Moreno que recabe de Puertos del Estado su organigrama con las funciones de cada cargo, a fechas de marzo de 2020. "Que incluya (...) la descripción de las funciones, facultades y competencias de cada uno de ellos; muy especialmente, las de presidente, secretaría general, jefe del Área Jurídica, del Área de Contratación y de la Unidad económico-financiera", precisa el documento, fechado este lunes.
El llamado caso Koldo recibe este nombre del de Koldo García Izaguirre, asesor y hombre de confianza de quien era ministro de Transportes en 2020, José Luis Ábalos. De este departamento dependía, entre otras entidades, la empresa pública Puertos del Estado. El sumario de la causa, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, atribuye a García un rol protagonista en la gestión del contrato adjudicado a Soluciones de Gestión SL.