Una acusación del 'caso Koldo' pide al juez que localice los 8 millones de mascarillas desaparecidas

Así lo ha expresado Liberum en un escrito de 19 folios, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En esta causa judicial se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de varias adjudicaciones públicas concedidas por el Ministerio de Transportes y otros departamentos a la empresa Soluciones de Gestión SL, que recibió el encargo de suministrar millones de cubrebocas. 

Liberum realiza esta petición después de que hayan declarado, como investigado, Álvaro Sánchez Manzanares y, como testigos, Javier Hidalgo, Francisco Toledo y Aránzazu de Miguel.

El primero es el exsecretario de Puertos del Estado, una de las dos entidades adscritas a Transportes que contrató a Soluciones de Gestión SL. El segundo es el empresario que fue CEO de Globalia, holding al que pertenece la aerolínea Air Europa, encargada del transporte de las mascarillas a Madrid. El tercero era presidente de Puertos del Estado. Y la última, funcionaria de esta empresa pública, además de quien se intercambió varios e-mails con Sánchez Manzanares durante el proceso de contratación y que han sido incorporados al sumario del caso.

Todos los contratos bajo sospecha fueron firmados cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. De hecho, la acusación popular también cita en su escrito el informe con las conclusiones de la autoría encargada por el quien actualmente ostenta esta cartera, Óscar Puente. Y dicho dosier a quien señala es, precisamente, a Ábalos por ordenar, con apenas media hora de diferencia, duplicar el número de mascarillas que Transportes debía comprar a Soluciones de Gestión SL.

Y otra de las conclusiones que aporta la auditoría de Puente es que el Gobierno no puede demostrar documentalmente que ocho millones de cubrebocas fuesen entregadas a sus destinatarios finales, que eran funcionarios de diversas entidades públicas (Adif, Renfe, Correos, Puertos del Estado...) y trabajadores del Ministerio de Transportes.

"Es por todo ello que consideramos útil y necesario para el devenir de las presentes diligencias investigar si, efectivamente, las mascarillas llegaron al destino final (...) o, por el contrario, esta ausencia de actas y albaranes de entrega a los destinatarios finales de millones de mascarillas fue fruto de una pésima gestión de control o de un interés espurio", señala Liberum.

Por ello, esta acusación popular solicita al juez que cite como testigo al presidente y propietario de Raminatrans SL, la empresa de logística seleccionada por Francisco Toledo para la distribución de los cubrebocas una vez llegaran a Barajas.

"Que aclare por qué faltan las correspondientes actas o albaranes de 2.8861.806 mascarillas del primer envío, con destino al Ministerio de Transportes, y de 1.140.977, con destino a Adif", expone el escrito.

Arte EE

Transportes sólo acredita la entrega de 1,2 millones de mascarillas de los 8 que Ábalos compró a la trama

De hecho, el documento firmado por Liberum también recoge varios correos electrónicos intercambiados entre altos cargos del Ministerio. Uno de ellos fue enviado por el entonces director financiero de Adif, Manuel Fresno. En él, expresa que "es muy importante elaborar algún tipo de acta de entrega firmada por los distintos receptores o, en su defecto, un albarán con el número de unidades". Este e-mail está fechado el 31 de marzo de 2020.

Otro correo electrónico, del 17 de abril del mismo año, fue enviado por otro cargo de Adif a uno de los investigados en esta causa, Michaux Miranda, cesado recientemente como jefe de Personal del gestor ferroviario.

"Michaux, buenas noches: te remito el 'acta' de la recepción de 40.000 mascarillas. Queda raro, pero bueno...", reza el correo. En su escrito, Liberum subraya lo inusual que resulta que el emisor entrecomillase la palabra acta. 

"La falta documental de la entrega de millones de mascarillas pudo deberse a su desvío a otros destinos ajenos a los contratados", señala la acusación popular, que solicita al juez que cite como testigos a varios cargos públicos y empresarios para aclarar qué ocurrió con casi ocho millones de cubrebocas.

"Del contenido de la auditoría, queda evidenciado el desconocimiento del destino final de millones de mascarillas, lo que genera la necesidad de investigar qué sucedió realmente con esta mercancía, si fue extraviada o no registrada debidamente, fruto de una desastrosa gestión de lo público o, más bien, nos hallamos con la posibilidad de la reventa en el mercado", plantea Liberum.

En el llamado caso Koldo se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de estas adjudicaciones públicas. Soluciones de Gestión SL también suministró mascarillas al Ministerio del Interior y a los Gobiernos balear y canario. La causa toma el nombre de Koldo García, el principal asesor de Ábalos cuando era ministro de Transportes y una de las personas que participaron en la gestión de estos contratos y colaboraron en la recepción de las mascarillas.